Sabemos que la buena política implica búsqueda de consensos entre las partes afectadas, decisión que estimamos esencial para cambiar la forma de hacer política en el país. Pero para que estos consensos sean legítimos deben participar todos los actores interesados en lo que se trata. sin exclusiones. De lo contrario estamos en presencia de una conspiración, donde el perjudicado es el ausente.
El "consenso" en el que solamente participaron autoridades del Gobierno Nacional – Axel Kicillof y Diego Bossio – y del Gobierno de la Ciudad – Daniel Chain – concretado con el aval de legisladores del PRO – guiados por Cristian Ritondo – y del interbloque Kirchnerista – conducidos por Juan Cabandié – adquiere estas características. Una conspiración que ordenó a la Legislatura aprobar once proyectos de Ley que van desde la comercialización y/o entrega del espacio y bienes públicos, tales como la rezonificación de terrenos ferroviarios, la venta del edificio Del Plata y la cesión de 37 hectáreas del Parque Roca para una central de transferencia de cargas privada, hasta la creación del Fondo para la Promoción y Desarrollo de la Actividad Sindical de Juegos de Azar, que será administrado por el Sindicato (ALEARA) propuesto por Daniel Amoroso en su doble carácter de legislador y beneficiario como Vocal Titular 1º de ese Sindicato, pasando por la autorización al Poder Ejecutivo para tomar una deuda internacional de u$s 250 millones y la creación de un distrito de las artes en el barrio de La Boca. El pacto entre el PRO y el FPV ya se había insinuado en la ley que autoriza llenar de bares las plazas de la Buenos Aires; en la reunión donde se trató el tema, la oposición de los vecinos fue de tal magnitud y contundencia, que tuvieron que echarnos y sesionar a puertas cerradas para aprobarla sin…vergüenzas. La sanción a escondidas y a las apuradas en la sesión del 1/11/2012 de megaproyectos con contratos y beneficios millonarios para los negocios, sin considerar en lo más mínimo los intereses, las necesidades y las aspiraciones de los vecinos de los barrios afectados, configura una muestra incuestionable de la forma conspirativa en que se toman las decisiones sobre lo que es de todos. Así, los grandes partidos políticos y los grandes negocios muestran cada vez más claramente que van HACIENDO BUENOS AIRES según sus intereses y a espaldas de los vecinos.
Ciertamente las explicaciones de los legisladores PRO y K sobre el porqué son necesarias las leyes aprobadas, serán maravillosas y convincentes. Nos asegurarán que van a traernos enormes beneficios; sobre todo nos traerán el Progreso, dirán. Pero si esas leyes son tan beneficiosas para nosotros, los habitantes de la ciudad, ¿por qué no nos consultaron siquiera? ¿Los vecinos no tenemos derecho a decir lo que nos beneficia y a intervenir en lo que consideramos un progreso para nuestros barrios? ¿Y ellos sí? ¿Por qué? ¿Porque son nuestros "representantes"?. El famoso progreso ¿será tal para los ciudadanos que serán desalojados, para los inquilinos que verán aumentados a cifras siderales sus alquileres, para los artistas que deberán pagar sumas inalcanzables a fin de exponer sus obras, para las familias y grupos de amigos que no podrán hacerse sus mateadas o sus partidos de fútbol en el Parque Roca?
Para contestar estas preguntas se ampararán en la representatividad – "Nos votó el x %" – como un privilegio monopólico – con características de fetiche – para hacer lo que conviene a sus intereses partidarios y económicos y no como un deber de quienes gobiernan para con los que dicen representar, consultándolos y dándoles intervención en los temas que los afectan.
Una vez más el gran ausente en estas 11 leyes fue el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires organizado en Comunas, con Juntas Comunales y Consejos Consultivos constituidos, que impone la democracia participativa en las decisiones claves para sus territorios.
Siempre se habla de la necesidad de que los ciudadanos participemos y de las bondades de la democracia participativa. Pero la cruda realidad es que la enorme mayoría de la dirigencia política de la ciudad no tiene la menor intención de dejarnos participar libremente en las decisiones y el control de lo que se hace en nuestros barrios.
Su papel de "representantes del pueblo" sustituido por el de "gestores de los intereses concentrados", hace que se opongan a la concreción de la única institución que habilita la libre y organizada participación del pueblo en las decisiones y el control de las acciones y obras públicas: las Comunas.
Por eso tardaron 10 años en cumplir con el mandato constitucional de ponerlas en funcionamiento.
Por eso impidieron que los vecinos involucrados en la puesta en marcha de las Comunas, participemos en las Juntas Comunales.
Por eso ahora que están funcionando no se le dan las competencias ni los recursos que les corresponden.
Por eso, los dos partidos mayoritarios están tratando de convertir los Consejos Consultivos Comunales en ámbitos de sus luchas y/o acuerdos partidarios, en lugar de preocuparse por detectar y resolver los problemas y proyectos barriales.
Todo para impedir que los ciudadanos podamos expresarnos libremente sobre lo que deseamos en nuestros barrios y controlar efectivamente lo que en ellos se haga.
El Movimiento Comunero repudia enfáticamente esta conducta y advierte que seguirá luchando para lograr la libre y organizada participación ciudadana en las decisiones que afectan la vida de nuestros barrios.