En la última sesión extraordinaria de la Legislatura, en la que se designó a los funcionarios que tendrán a su cargo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el Ente Regulador de Servicios Públicos, el Consejo del Plan Urbano Ambiental y el Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes se produjo un interesante debate de posiciones acerca de la metodología adoptada para el nombramiento de los mismos. Con diferencia de matices en la argumentación, algunos integrantes de bloques pequeños -no todos- como el que conforman Martín Hourest y Liliana Parada, el de Patricia Walsh y el de Gerardo Romagnoli, todos ellos con un sesgo progresista o izquierdista depende del caso, se opusieron o se abstuvieron de votar en forma positiva cuestionando los procedimientos con que se llevaron a cabo los distintos procesos de selección. Una integrante del Frente para la Victoria, Gabriela Cerruti, le dio con su verba apresurada un toque más testimonial a su abstención personal (su bloque votó por la afirmativa), aunque en general giró en torno a los mismos pruritos que los arriba citados.
Debemos referirnos para ilustrar a quien no esté tan empapado en el tema, que las designaciones de la Defensoría y del Ente se realizan con mayorías especiales de la Legislatura -una de 40 votos y la otra de 31- según reza la Constitución de la Ciudad. Con esta exigencia la Carta Magna busca que los distintos bloques políticos alcancen acuerdos de mayor envergadura que los requeridos para los temas menores, que se resuelven por mayoría simple una vez que hay quórum. Para los críticos, los acuerdos políticos representan un esquema que tiene como único fin el reparto de cargos para las fuerzas que los integran. Para otros, en cambio, sintetizan la propuesta de los hombres y mujeres más idóneos a criterio de las fuerzas más representativas. Estas fuerzas, junto a otras menores -como las de Alejandro Rabinovich, Fernando Cantero o Raúl Fernández- son las que alcanzaron el acuerdo que se votó el jueves pasado.
La meritocracia ateniense fue uno de los argumentos utilizados para cuestionar la designación de alguno o de todos los postulantes. Fue el vicepresidente segundo de la Legislatura, Juan Manuel Olmos, quien se encargó de enterrar el meritómetro de cada legislador que lo citaba frente a algo tan sencillo como es el respeto a la representatividad parlamentaria y centralmente el apego del funcionamiento institucional a la Constitución de la Ciudad. Olmos también relativizó el uso que se le estaba dando al término “consenso”, ya que “si el consenso es que todos los 60 votemos siempre igual no usemos más esa palabra en nombre de ese imposible”. Tenía razón: para eso está el término unanimidad, que expresa un escenario muy difícil de obtener, aunque logrado en contadas ocasiones.
Uno se pregunta entonces por qué debería ser mejor candidato un que postula el bloque “equis” que no consigue los votos necesarios para su designación, que otro propuesto por un bloque que sí concita el acuerdo de sus pares, que no recibe impugnaciones válidas y que atraviesa sin problemas la Audiencia Pública como corresponde a cualquiera que aspire a ocupar un sillón de esa importancia en esta creciente y trabajosa autonomía porteña.
¿Quién se puede arrogar mayor sabiduría con su dedo que la que se puede alcanzar con la Constitución de la Ciudad? ¿No será demasiado fuerte que en su discurso una diputada acuse a aquellos convencionales constituyentes y a los diputados que son sus colegas de prestarse a una “farsa” colectiva de espaldas a la gente? Esa misma diputada, Cerruti, que fue la ministra de Desarrollo Social en el gobierno de Jorge Telerman, fue la que tuvo el lápiz en una larga tarde llena de presiones para armar a dedo una lista de legisladores porteños que ella misma encabezó. Sus antecedentes, entonces, son demasiado frágiles como para realizar afirmaciones “testimoniales” de ese tenor.
Las mayorías se construyen y eso parece una verdad de perogrullo. Y se construyen desde la democracia, la representatividad y las instituciones y no desde el comité, la unidad básica o una banca. Pero en nombre del pueblo y de la gente parece que hay quienes opinan que en el día de las elecciones ese pueblo y esa gente se confunden simultáneamente y en un acto de estupidez humana colectiva votan en contra de sus propios intereses para entregarles el sufragio a quien va a arruinarles su existencia a través del Poder Ejecutivo y por supuesto, en ese mismo acto extienden su martirio al Poder Legislativo.
¿Hasta cuándo van a tener que aguantar los porteños que cíclica y públicamente se descalifique a las instituciones y sus mecanismos en nombre del pueblo? Y quiero dejar claro con esta pregunta que no pretendo ignorar las fallas y los errores -algunos terribles- que a diario se cometen en ellas y que hemos denunciado -y denunciaremos- oportunamente. Pero el grito del pueblo es mucho más fuerte que el lloroso quejido de un legislador, y hay que ser muy ombliguista para arrogarse la voz del pueblo que, como decía un riojano, también es “la voz de Dios”.
El propio vicepresidente primero del cuerpo, Diego Santilli, habló de “un amplio consenso que encolumnó 52 voluntades sobre 60”, mientras que la Defensora del Pueblo reelecta, Alicia Pierini, superó cómodamente, por cuatro votos, la barrera de los cuarenta que ya la confirmaban en su cargo.
Es justamente para ella este último párrafo, ya que rara vez un respaldo es tan contundente tanto dentro como fuera del recinto. Con tantas personalidades que adhirieron a su candidatura también podría haber obtenido el puesto mediante el método propuesto por la oposición: es decir, por meritocracia contundente. De intachable currículum y con una extensa trayectoria militante en la defensa de derechos y garantías, trato fino e impecable de las herramientas jurídicas puestas a este servicio, hicieron de esta ex constituyente una postulante sin opositores y nada tiene que ver en este punto si pertenece al oficialismo o es de la oposición. Cuando uno quiere a su país y a su Ciudad sin mezquindades partidarias ni egolatrías de pavo real, la calidad de la gestión se muestra en la cancha. Allí donde el pueblo reclama respuestas y donde mueren todas las palabras, sobre todo las estúpidas.