La crisis política innegable que vive la Ciudad por los choques entre kirchneristas y macristas se reduce en lo esencial a lo siguiente: quién paga el costo político de llevar adelante un duro ajuste contra el pueblo. Esto es más que obvio en la cuestión de la transferencia del subterráneo y de las 33 líneas de colectivos que circulan por la Ciudad. Para el gobierno nacional esta transferencia sería un alivio para su crisis fiscal que no deja de profundizarse pero para los usuarios representaría todo lo contrario, pues implicaría un tarifazo mayor al que ya se produjo en el subte (127%). La responsabilidad sobre el mismo ha sido compartida; lo prueba que el acta firmada en enero por ambos gobiernos estableció que lo primero en “transferirse” fue la facultad tarifaria, de forma tal que el aumento sirviera para cubrir la quita de subsidios.
Si luego el macrismo dio marcha atrás con lo pactado fue porque vio que el gobierno nacional quería transferirle todo el trabajo sucio: hacer un tarifazo también en los colectivos y dejar sin financiamiento el aumento de salarios de los trabajadores de Metrovías. Macri ya había realizado un impuestazo en las boletas del ABL y aprobado, con el apoyo del bloque K en la Legislatura, un Presupuesto de ajuste contra la salud, la educación y los trabajadores municipales. Pero el tarifazo en el transporte es diferente, ya que es inmediato, cotidiano y lo pagaría gran parte del Conurbano. Macri entendió que lo estaban empujando al abismo y dio un paso atrás.
Pero la crisis no se limitó a esto, sino que la pelea por los fondos abarcó quién se hace cargo del costo de la seguridad en el transporte y en los hospitales públicos; la cuestión de la basura, ante el reclamo de la provincia Buenos Aires de que se incremente lo que paga la Ciudad por tonelada; y por último la disputa por los depósitos judiciales (6 mil millones de pesos) que hoy van al Banco Ciudad pero un proyecto de la diputada Diana Conti quiere que vayan al Banco Nación. Los K quieren transferir las áreas que dan déficit, pero no las que dan superávit, como por ejemplo el negocio del juego, que en realidad está controlado por camarillas de su entorno cercano.
Es en este contexto que se ha reactivado en la Justicia la causa contra Macri por las escuchas telefónicas armadas por Ciro James y que amenazan con llevar al intendente a un juicio oral. De avanzar la causa, es claro que Macri debería pedir licencia y dejar el gobierno en manos de la vicejefa. Una vacancia prolongada de Macri pondría a la Ciudad a todos los efectos prácticos bajo la tutela del kirchnerismo. La crisis política no termina aquí pues la réplica de la oposición podría venir de una activación de la causa contra Boudou por el affaire Ciccone, obligando al vicepresidente a pedir él también una licencia del cargo. Como se ve, los Tribunales se han transformado en un escenario de los choques políticos.
¿Hasta dónde llegará la crisis política? ¿Estamos sólo ante operativos de extorsión para ver quién se hace cargo del ajuste o se puede poner en cuestión realmente la continuidad del gobierno? Veremos. Lo cierto es que el gigantesco agujero fiscal de todos los Estados (nación, provincias, municipios) y la bancarrota capitalista mundial no les permiten seguir gobernando sin violar, al mismo tiempo, las normas de gobierno establecidas y enfilan hacia un régimen político de excepción.
Para el pueblo de la Ciudad y para los que trabajan en ella lo que importa comprender es que detrás de la amenaza del juicio contra Macri se esconde, antes que nada, una pelea entre ajustadores. Por eso, el Partido Obrero exige que junto con Macri vayan a juicio los responsables por el Proyecto X y por el asesinato de Mariano Ferreyra, y que sean procesados Boudou, Jaime y todos los implicados en las denuncias de coimas. Sobre esta base hay que construir una alternativa política independiente de los trabajadores.