Hablar de seguridad en los últimos tiempos parecería resumirse a unas cuantas medidas a tomar y a nuevos parches a aplicar sobre la ya maltrecha legislación penal. Sin embargo las últimas noticias de secuestros y violencia dan cuenta del error. Para una verdadera solución al problema que más preocupa a los argentinos, debe darse una discusión de fondo que lleve al diseño de un nuevo perfil del sistema coercitivo del estado. Un nuevo modelo policial, de acuerdo claro, al nuevo perfil de la Argentina, un país ambivalente, con dos realidades superpuestas en una, la Argentina del incipiente crecimiento y la Argentina de la exclusión. La mitad de nuestros compatriotas en la pobreza, son el producto de las políticas aplicadas en los ´90. Exclusión e inequidad, son las resultantes de las que no se saldrá rápidamente sin un plan social de largo aliento y sostenido en el tiempo. Así entonces, como es necesario un nuevo modelo de crecimiento basado en la redistribución de la riqueza y en nuevos escenarios de desarrollo productivo, es necesario un nuevo diseño de las fuerzas de seguridad, aquellas destinadas a mantener la seguridad interior, pero que también en este nuevo contexto son la interfase del estado para relacionarse en primer plano con la protesta social.
Si la instrucción del poder político es no criminalizar y no reprimir la protesta social, deberá entonces construirse un nuevo modelo de fuerza disuasiva, con capacidad para la mediación y respuesta sin violencia.
En la España post franquista este debate se saldó con una reforma constitucional que habilitó leyes especiales para la restructuración de todas las fuerzas policiales. Teniendo en cuenta nuestra historia reciente y las reminiscencias militares que todavía están muy presentes en la estructura policial, esta reforma debería haberse dado mucho antes.
Para no fracasar en la toma de decisiones políticas, las nuevas autoridades nacionales en la materia deberían generar el mayor de los consensos entre todas las fuerzas políticas para que la solución a aplicar sea de fondo. Mejorar las fuerzas policiales nacionales significa desarrollar programas de contención y capacitación de sus cuadros de manera unificada, resignificar y reafirmar las competencias y funciones de cada fuerza, dotando al poder político de una moderna y ágil estructura de coordinación entre fuerzas y también con las fuerzas provinciales. Reafirmar un nuevo contrato laboral y moral entre los cuadros superiores, medios y aspirantes que tenga como principal enunciado la preservación de los valores constitucionales y las garantías de los ciudadanos. A su vez deben reasignarse recursos para mejorar las condiciones salariales de los agentes premiando el mérito y capacidad, pero también para ejercer un permanente control interno que detecte desvíos tempranos y agilice los mecanismos de sanción y corrección. Un nuevo cuerpo de acción preventiva podría mejorar la respuesta en la ocupación del espacio público, agentes capacitados, bien entrenados y equipados como cuadros disuasivos, diferenciados de los cuadros de calle o de intervención.
En este nuevo contexto no puede quedar al margen la necesidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, principal escenario de conflictividad social, de contar con su propia policía. El ataque a la Legislatura ocurrido hace unos días, marca simbólicamente la paradoja de un gobierno local que no puede contar con la protección que demanda, debido a una supuesta estrategia nacional en el tema. Si bien los acontecimientos posteriores marcaron ribetes de connotación política, la fuerza de las imágenes quedarán en la memoria colectiva como un día donde el estado estuvo ausente y la violencia no. Para evitar estas situaciones el estado local siempre deberá estar presente, con un cuerpo policial propio, que actúe prioritariamente en la prevención y con gran visibilidad, sólo así se podrá trabajar en bajar la "sensación de inseguridad". La policía local siempre debe ser la policía de proximidad, dispuesta según la demanda vecinal, atendiendo a las cuestiones que más preocupan estacionalmente, pero también con una fuerte impronta de previsibilidad, donde el agente comunal se destaque por estar siempre presente, dispuesto y con respuestas previsibles para cada oportunidad. Esto se logrará por la mayor interacción que tienen las autoridades locales con los vecinos, por los trabajos ya realizados en materia de prevención del delito y foros barriales y porque al ser un nuevo cuerpo puede incorporar de una vez todas las actualizaciones necesarias para constituirse como una policía moderna de perfil comunitario.
En los próximos días los diputados nacionales por el distrito seguiremos insistiendo en la urgencia de derogar el artículo 7 de la ley 24.588(Ley Cafiero). El proyecto presentado con la firma de veinte diputados nacionales porteños tiene el aval de todas las fuerzas políticas; de prosperar la iniciativa parlamentaria se logrará que el estado nacional discuta con el de la Ciudad, la mejor manera de distribuir y coordinar los recursos para lograr una policía local, que a la par de todas las policías provinciales ejerza su rol y derecho.
Paralelamente y una vez delimitadas las responsabilidades el Ministerio de Justicia y Seguridad podrá abocarse a mejorar el sistema nacional de seguridad, basado en una policía federal de verdadero rol nacional, pronta a la profundización de las respuestas en todo el territorio nacional y no sólo afectada a los límites de la general paz.
* Diputada Nacional, ex secretaria de Control Comunal del Gobierno de la Ciudad