El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, siempre estuvo convencido de que la causa judicial número 12.466/2009, caratulada “James, Ciro Gerardo y otros s/escuchas ilegales y otros delitos” que se tramita en el Juzgado Federal Nº 7, a cargo de Norberto Oyarbide, estaba direccionada políticamente en su contra.
El ingeniero sintió que corroboraba su teoría el miércoles 5 de mayo de 2010, cuando debió presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 para prestar declaración indagatoria (o sea, en calidad de sospechoso de un presunto delito).
El viernes 14 de ese mismo mes, el juez procesó a Macri como participe necesario de la asociación ilícita, que, según el magistrado, fue montada en el Gobierno porteño para realizar pinchaduras telefónicas. Ante la gravedad de la resolución, Macri respondió con dureza, acusando a Oyarbide de ser un juez kirchnerista que ya tenía decidido procesarlo mucho antes de llamarlo a declaración indagatoria.
A pesar de los dichos del Jefe de Gobierno y tal como lo adelantó en varias oportunidades Noticias Urbanas, en el expediente existen numerosas pruebas en contra del jefe porteño, como las pinchaduras a su cuñado Néstor Leonardo. La situación se complicó aún más cuando el magistrado decidió cerrar la etapa de investigación y elevar la causa a juicio oral y público. Según la defensa, Oyarbide había rechazado todas las pruebas que favorecían a Macri y por consiguiente no están sumadas a la pesquisa judicial. La última carta que se juegan los defensores macristas es que la Cámara de Casación haga lugar a su pedido y los elementos que quedaron afuera sean sumados a la causa.
Según los letrados del jefe porteño, Santiago Feder y Ricardo Rosental, la causa de las escuchas está viciada de nulidad desde el inicio y esa es la prueba fundamental que exigirán para intentar derrumbar la investigación de Oyarbide.
El pedido de nulidad es algo que sostienen también las defensas del exjefe de la Policía Metropolitana (PM), Jorge “el Fino” Palacios; el exministro de Educación de la Ciudad, Mariano Narodowski, y el espía Ciro James.
Los abogados de Macri decidieron una ofensiva que se basa en las pruebas existentes en el expediente y que, según la defensa, demostrarían que Oyarbide actuó desde el inicio de la causa con el único objetivo de perjudicar al Jefe de Gobierno y que en esa trama participaron la Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), “siendo funcional a un supuesto plan político del kirchnerismo para perjudicar las chances presidenciales del líder de Propuesta Republicana (Pro)” y que el magistrado “accionó abiertamente para perjudicar a su cliente”.
En la declaración indagatoria, Macri reveló la existencia de una disputa en torno a la creación de la Metropolitana, resaltando la oposición de la Policía Federal, “que no quería bajo ningún concepto que existiera otra fuerza de seguridad en la Ciudad”. Aunque en menor medida, también acusó a la SIDE de tener la misma posición. “Acaso también participó la SIDE en la disputa contra la Metropolitana, debido a su actuación en la causa de las escuchas ilegales”, afirmó el ingeniero en el escrito presentado ante la Justicia.
Para probar tales afirmaciones, los letrados enfocarán sus ataques en el hecho que dio inicio a la causa, poniendo en duda su existencia, ya que, según ellos, las pruebas que existen en el expediente les dan la razón. “La causa se inició por una denuncia del líder de la agrupación de Familiares y Víctimas del Atentado a la sede de la AMIA, Sergio Burstein, quien recibió una llamada anónima que le advertía que estaba siendo víctima de una escucha clandestina ordenada por el exjefe de la Metropolitana, Jorge ‘el Fino’ Palacios. La llamada se habría hecho desde un locutorio. Sin embargo, cuando se allanó dicho local, no había registros de dicha llamada. Pero lo que más sorprendió fue la similitud de una comunicación que se realizó desde ese lugar, el mismo día del anónimo, a un número casi idéntico al de Burstein, que solo difería por un número. Con lo cual no se pudo probar si tanto el anónimo como la pinchadura existieron o no. Aunque sí está probado que se pidió a los jueces misioneros José Luis Rey y Horacio Gallardo que se interviniera el teléfono al dirigente judío.
Pese a ello, Oyarbide decidió iniciar la investigación. “Esto sugiere que había tareas de inteligencia previas al inicio de la causa, para obtener datos que perjudicaran a Palacios”, le relató a NU uno de los letrados de la defensa. Pero eso no es todo. “El llamado anónimo se hizo un día después de que fuera pinchado el teléfono, con lo cual se sospecha que el mismo vino de una fuerza de seguridad, único organismo capaz de enterarse tan rápido de una intervención. Sospechamos de la SIDE, ya que se encuentra a cargo de la casi totalidad de ese tipo de intervenciones”, agregó la fuente consultada. Otro dato que según la defensa verificaría la supuesta parcialidad de Oyarbide es la existencia de una foto del denunciante anónimo, quien nunca fue investigado por el juez.
“El magistrado inició la causa en tiempo récord, sin enviarla a sorteo, que era lo que correspondía, demostrando así que alguien quería que él estuviera al frente. Otro hecho que prueba esa afirmación es que, en su comienzo, el delito era de acción privada, o sea, una denuncia anónima de intervención a la línea de un particular, y, sin embargo, Oyarbide actuó de oficio, lo cual solo se puede hacer en caso de que sea un delito de acción pública”, acusaron desde el macrismo.
La defensa también descartó que Palacios ordenara la pinchadura ilegal. “La intervención a la línea de Burstein se efectivizó el 21 de septiembre y Palacios renunció a la PM a fines de agosto, así que eso desmorona la idea de que fue ordenada por el Fino.” Por último agregan el voto en disidencia de la camarista de Casación Liliana Catucci, quien al fallar en el tema de las escuchas afirmó que no había elementos de prueba que confirmaran la existencia de una asociación ilícita.