"Las cifras son alarmantes. Y ni aún así pueden describir el dolor de las pérdidas irreparables que se esconden en de ellas. Porque detrás de los números hay vidas humanas que se cortaron de cuajo, arrastrando a las familias de los que ya no están. El sufrimiento es desconsolador porque se sabe que las muertes se pudieron haber evitado".
Las cifras son alarmantes. Y ni aún así pueden describir el dolor de las pérdidas irreparables que se esconden en de ellas. Porque detrás de los números hay vidas humanas que se cortaron de cuajo, arrastrando a las familias de los que ya no están. El sufrimiento es desconsolador porque se sabe que las muertes se pudieron haber evitado. Eso hace que el padecimiento sea todavía peor. Once muertos y más de 200 heridos fue el saldo del accidente ocurrido en la mañana del martes a la altura de la calle Artigas, en el barrio de Flores, cuando un tren del Sarmiento arrolló a un colectivo de la línea 92 y embistió luego a otra formación. Y a pesar de los datos de alerta, como por ejemplo el mal funcionamiento de la barrera, que estaba a la vista de todos, nadie hizo nada para evitar lo sucedido. Nadie tampoco tomó con la seriedad del caso los antecedentes recientes. El del martes fue el quinto accidente grave de trenes (en dos de ellos hubo muertos) en los últimos nueve meses.
Lo llamativo fue que la cifra fue un aviso que no fue tenido en cuenta por ninguna autoridad, ni nacional, ni de la Ciudad, ni de las empresas ferroviarias, ni de los dueños de las compañías de colectivos. Pero a pesar de las responsabilidades compartidas por los antes mencionados, hay quienes tienen una responsabilidad aún mayor en la tragedia. Y en este caso es el Estado quien carga con las mayores obligaciones. Sin embargo, la reacción de los funcionarios no estuvo a la altura de lo ocurrido. Las acusaciones cruzadas entre el macrismo y el kirchnerismo mostraron el lado más despreciable de la política. Y aunque parezca increíble, tanto de un lado como del otro lo único que se buscó fue desligarse de las obligaciones que como funcionarios públicos les corresponden. El secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, poco después de sucedido el accidente salió a hablar y dijo que la barrera funcionaba bien y que el sistema de señalización era el adecuado. A las pocas horas se demostró en imágenes que lo que afirmó no era cierto y que la barrera funcionaba mal. La misma actitud esquiva caracterizó las declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, quien mencionó que el freno judicial que impide que se avance con las obras para realizar pasos bajo nivel son un impedimento para prevenir accidentes como el del martes. “Hay 17 sapitos que fueron frenados por vecinos. Las barreras son un peligro para la seguridad”, agregó el funcionario macrista, cuando una de las justificaciones de los amparistas es que, precisamente, por los sapitos no pasan, por la altura, ni colectivos ni autobombas.
Lo curioso de ambas justificaciones fue que se produjeron a escasos instantes de la tragedia, cuando aún no estaba claro para casi nadie la causa del accidente. A pesar de que todavía no se había realizado ninguna pericia, los funcionarios de la Nación y la Ciudad salieron apresuradamente a marcar límites a sus territorios. De más esta decir que sus palabras no fueron nada oportunas si se tiene en cuenta el rol que les cabe a ambas administraciones.
Pero como si esos desafortunados dichos no hubieran bastado, el propio Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, subrayó que “los presupuestos públicos hay que aplicarlos en hacer las obras que le garanticen una mejor calidad de vida y seguridad a la gente” y no al “despilfarro o al clientelismo”, tratando de sacar tajada política al asunto. De inmediato, el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, salió a responderle con todo: “Macri no puede actuar con tanta mezquindad, la Ciudad no hizo ni un solo metro de lo prometido en obras ferroviarias”. Y para no ser menos que los funcionarios de la Nación y la Ciudad en eso de esquivar las responsabilidades, la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), la que debía encargarse de que la barrera funcionara y el banderillero estuviera en su puesto, denunció a la Policía Metropolitana por no avisarle que un camión había roto la punta de la barrera del paso a nivel donde poco después ocurrió la tragedia.
Los involucrados en no hacerse cargo de nada olvidaron en sus peleas mediáticas que en el accidente habían muerto once personas.