Desde 2003 a la fecha se ha avanzado hacia la recuperación y consolidación de la autonomía nacional, frente a un mundo cada vez más complejo y crítico.
En ese sentido, el primer paso para recuperar el Estado y tornarlo un instrumento capaz de hacer políticas públicas en favor de las mayorías populares, fue desendeudarlo.
Luego, hubo que acelerar la reparación social, como forma de legitimar a ese Estado recuperado y resituar a la política como una herramienta capaz de cambiar la vida de un pueblo. Las políticas fiscales expansivas, dirigidas a aumentar el consumo popular y la protección social, fueron decisivas y marcaron un rumbo nuevo y opuesto a tres décadas de ajuste.
Por último, se instauró un modelo productivo, que colocó al empleo y el salario en lugar central, logrando años de descenso del desempleo hasta ubicarlo en el registro más bajo desde la década del 80, y a la vez, suba salarial negociada libremente y crecimiento del salario mínimo.
Este recorrido exitoso fue posible por la autonomía alcanzada desde la solvencia macroeconómica, pero también desde la inversión pública en infraestructura y energía
Hasta 2003 no había política pública de inversión en infraestructura y energía, ya que esos insumos esenciales para cualquier proyecto de desarrollo, estaban enteramente administrados por mercados concentrados, que definían los recursos que asignaban, exclusivamente en función de renta monopólica.
Pero desde el momento en que asumió, el Gobierno tuvo en claro que la ecuación energética se logra con regulaciones sobre el mercado oligopólico, inversión estatal capaz de aumentar la competitividad y política de tarifas en función de las necesidades de consumo popular. Así, tuvo que moverse en un angosto desfiladero, demarcado por dos grandes restricciones: aumentar la oferta de energía y hacerlo a precios compatibles con las necesidades argentinas.
Si se tiene en cuenta que los actores empresariales del sector presionaban por tarifas similares a las vigentes en el mercado internacional, y que el sistema energético estaba delineado en función de las necesidades de renta de esos sectores, y no de las del consumo de energía de la economía argentina, se puede comprender los avances, frenos y tensiones, que ocurrieron en estos años para modificar esa situación de origen, y cuya culminación es el desplazamiento de un jugador energético como Repsol, que priorizó la renta por sobre la producción e inversión, de un modo persistente en el ultimo trienio.
Desde la crisis financiera global, en 2008, esta empresa comenzó un agudo proceso de recuperación del capital invertido por dos vías: sobreexplotando los pozos ya existentes y acelerando el retiro de los dividendos.
Este modelo de negocios, profundizado en los últimos años, es incompatible con las actuales necesidades energéticas de la Argentina.
Es por eso que se decide poner fin al mismo, e iniciar uno nuevo, dirigido por el Estado, pero en la búsqueda de asociaciones público – privadas.