En atención a los hechos de público conocimiento respecto de la crisis institucional que atraviesa el Consejo de la Magistratura de la Nación, nuestro recuperado Colegio Público no puede dejar de manifestar que:
Los sucesos que tienen como objeto, en este caso, la resolución del Concurso Nº 258 no son nada más que otra de las tantas consecuencias directas de la aplicación de una ley que se encuentra reñida con los principios constitucionales que inspiraron la creación en la Reforma Constitucional de 1994 del Consejo de la Magistratura de la Nación, y la que lo convirtiera en un organismo político olvidándose de su naturaleza evidentemente técnica.
En tal entendimiento es necesario recordar que aún queda pendiente ante la CSJN nuestra acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 26.080 que reformara la composición de esa Institución (ÚNICO PLANTEO ADMITIDO EN ORDEN A LOS REITERADOS FALLOS DE ESE ALTO TRIBUNAL SOBRE ACCIONES DE CLASE A NUESTRO FAVOR), y a pesar de las sucesivas peticiones de pronto despacho que hiciéramos ante su mesa de entradas.
Sin perjuicio de ello, nuestro Colegio recuerda que también ha propuesto ante el Poder Ejecutivo Nacional y el Legislativo, que se vuelva a la verdadera ratio de la Constitución Nacional instando a que se despolitice al Consejo. A tal fin, hemos propuesto, basados en los más elementales principios republicanos, que los consejeros provenientes del Congreso no sean diputados y senadores sino representantes de ellos; con el fundamento de que no se puede al mismo tiempo ser integrante del Poder Legislativo y del Judicial ya que se rompe decisivamente el equilibrio que marcara Montesquieu en ‘Espíritu de las leyes’, cuando creara el sistema de control republicano entre los tres poderes del Estado.
Dicha politización del Consejo se ha agravado más aún desde finales de 2010 puesto que varios de los consejeros provenientes de los estamentos técnicos han manifestado de manera abierta o elíptica el responder y/o simpatizar con Partidos Políticos, votando conforme a instrucciones que emanarían desde los mismos. Ello sumado a lo anterior, ha desnaturalizado definitivamente a una Institución que fuera creada para transparentar el proceso de selección y disciplina de los magistrados nacionales y federales y propender con ello a la participación de todos los sectores involucrados en el servicio de Justicia, y no en la arena de combate político que se ha transformado en la actualidad por el accionar directo del oficialismo y la oposición que priorizan intereses sectoriales por encima de las Razones de Estado que son de todos los argentinos.
En dicha inteligencia, nuestro recuperado Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ve con honda preocupación la degradación pública que evidencia dicho organismo y llama a la reflexión a todos sus miembros en la necesidad y la importancia que tiene la urgente reforma de la ley 26.080 con el único fin de evitar que las contiendas políticas que sine die vienen produciéndose, continúen repercutiendo en la selección de aquellos que deban impartir Justicia, recordando en tal sentido hemos remitido oportunamente, un texto reformador que fuera elaborado concienzudamente y que podría equilibrar las cosas de manera decisoria en el seno del Consejo de la Magistratura de la Nación.
* Presidente CPACF