A pesar de los dichos del propio Mauricio Macri acerca de la conspiración montada en contra de su aspiración presidencial, su procesamiento junto al de un ex ministro de su administración, Mariano Narodowski, y otros funcionarios y jueces misioneros, el mismo no deja de ser un alerta para su carrera política, un síntoma que algo pasó, que la realidad puede ser direccionada como la causa pero no alterada totalmente. Errores hubo seguro, delitos también, aunque aún no se sepa con certeza los responsables.
Es cierto que buena parte de la sociedad informada comparte el criterio de “poca credibilidad” que le impone a sus fallos actualmente el juez Norberto Oyarbide. También es probable que esa sospecha quede algo devaluada si se confirman los procesos por parte de la Sala I de la Cámara Federal porteña que integran Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah. Pero la pata judicial de esta causa que involucra a Macri tiene un principio y seguramente un fin en el propio involucrado. Llegará hasta donde puedan.
La designación del ex comisario Jorge “el Fino” Palacios a la cabeza de la Policía Metroplitana fue una decisión exclusivamente del jefe de Gobierno, desoyendo los consejos de su gente más experimentada, que le aconsejaban poner a un oficial de no más de 42 años para asegurase que no vendrían sorpresas posteriores a su designación desde sus legajos. Se pensaba en lo que hace a su actuación previa en las distintas fuerzas policiales durante la democracia como sus funciones -siempre dudosas- en la última dictadura militar. Pero allí Macri se equivocó feo.
El ex jefe policial, hoy preso en la cárcel de Marcos Paz, cometió un sinnúmero de errores en la conformación de la fuerza sobre todo en los enemigos que activó a punto tal de poner en riesgo la gobernabilidad del propio jefe de Gobierno. Palacios mantiene hoy un prudente silencio acerca del tema las escuchas ilegales y más allá de las presunciones del juez – y también de su torpeza e impunidad- no queda claro que forme parte de la PYME (o no tanto) de espionaje que tenía montada el agente policial Ciro James desde mucho tiempo antes a que accediera a su contrato en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Es curioso analizar desde este lugar el porqué de la negación del juez Oyarbide a investigar en el tiempo los alcances de la “empresa” de espionaje montada por James. Si la actividad es ilegal durante el período en que revistió en la cartera porteña cuál es el porqué del acotamiento de la investigación de la misma solamente a ese período.
Resulta evidente que Ciro James se dedicó a esa actividad en el Ministerio de Educación como también es evidente que las escuchas previas de James -mientras revestía en la Policía Federal-, Oyarbide no las quiere investigar. No lo ha hecho tampoco con los cientos de llamados de celulares que tiene registrados y que conducen a otras líneas de incriminación, a otros actores. Existe aquí una falla grave de la investigación del juzgado, un avance que es inducido en una sola dirección. Restará observar a futuro cuál fue el motivo por el que James ingresó al Ejecutivo porteño, si fue plantado por su fuerza de origen, si lo hizo por propia voluntad o a pedido de terceros.
La otra cuestión de peso en las actuaciones peculiares del juez tiene que ver con la necesidad de mantener la causa en su juzgado. Pagó un alto precio para ello. Debió dictar el sobreseimiento de la causa a un archienemigo suyo, a su antecesor en ese juzgado, el ministro Montenegro, para evitar que un probable fallo de la Cámara de Casación -avalando la recusación planteada hacia su persona- le quite la posibilidad de seguir manejando esta investigación.
Lo curioso aquí es que Oyarbide citó a Montenegro a declarar como imputado en la causa tres días antes que a Macri, y el ministro cuando concurrió a su ex oficina se negó a hacerlo dejando un escrito incendiario hacia el juez como todo aporte. O sea que le fue imposible al magistrado evacuar dudas o sumar pruebas a favor o en contra de Montenegro, cuando directamente entre ellos no cruzaron palabra.
Lo que no queda claro –o queda clarísimo, usted elige- es porqué un imputado que no declara es luego sobreseído. Qué fue lo que alteró la cabeza o el pensamiento de Oyarbide respecto de la culpabilidad de Montenegro, cuál fue la “visión” que tuvo en ese breve lapso para apartar al ministro de la investigación y dejarlo libre de sospechas.
Oyarbide ante el riesgo de perder la investigación, jugó sobre seguro y no conforme a derecho, negó lo actuado y desechó su odio personal a Montenegro en función de otros intereses superiores, como el de seguir teniendo procesado a Mauricio Macri en su juzgado. Las escuchas ilegales, que realmente existieron, no se merecían el bochorno del show del viernes a la noche pero hasta ahora es lo que hay. Poco serio.