En pocos días llegará la sentencia a los imputados en la desaparición de Marita Verón. Su caso y la lucha, sin descanso, de su madre Susana Trimarco ha permitido concientizar a la sociedad sobre un tema lacerante en nuestro país como es el de la trata de personas.
El denodado esfuerzo de esta mujer hizo posible la liberación de casi mil mujeres y cientos de bebés que se encontraban en cautiverio por la red de trata de personas, razón por la que ha sido propuesta para el Premio Nobel de la Paz.
Lamentablemente, Marita no es la primera víctima: diariamente nos enteramos de más y más casos.
En el año 2008, el Procurador General de la Nación asignó la competencia de la elaboración de informes anuales a la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE).
Se elaboró un plan de acción con el propósito de orientar el trabajo en función de cuatro ejes temáticos que constituyen las cuestiones fundamentales que corresponde abordar para combatir la trata de personas desde el lugar institucional y técnico que ocupa la Unidad:
1- detección e investigación,
2- capacitación y difusión,
3- asistencia a víctimas, y
4- producción de información agregada para la toma de decisiones de política criminal (propuestas normativas).
La trata de personas, según UFASE, se encuentra íntimamente vinculada a la pobreza, a la migración por causas económicas, a la discriminación por género, a la desigualdad de oportunidades; en definitiva, a derechos reconocidos pero no realizados de las personas que la padecen. Esto comprende a un segmento de la sociedad que incluye a millones de personas y al que las organizaciones delictivas se aferran.
Si bien la mayoría de las provincias han establecido protocolos al respecto para que los juzgados cuenten con las herramientas imprescindibles para aplicar las acciones correctas, para enfrentar este delito y (que no quede librado a decisiones individuales) vemos, como en el caso de los violadores, que la posibilidad de interpretación y la laxitud existen.
Es imprescindible la capacitación de los diferentes actores institucionales (jueces, fiscales, funcionarios de fuerzas de seguridad). Las jornadas, cursos y encuentros con operadores judiciales, comprenden un abordaje que alerta sobre las malas prácticas que suelen institucionalizarse con más rapidez que los logros.
Debemos trabajar para incorporar de una manera más profesional tanto la perspectiva de género y la profesionalización de todos los actores participantes de la investigación como de los equipos de contención de las víctimas para que salir de tan dramática situación sea posible.
Encarar este aberrante delito requiere de grandeza y decisión política, de una acción conjunta a lo largo y ancho del país y del compromiso ciudadano.
La lucha contra la trata no acepta diferencias políticas o ideológicas.
* Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. PRO.