La revolución industrial dio paso a la sociedad de la información y, lamentablemente, esta no espera a quienes no se encuentran preparados. Estamos inmersos en la sociedad del conocimiento y, por tanto, lo más importante para un país es la preparación de su capital humano. Los cambios tecnológicos de las últimas décadas determinaron que el crecimiento de un país dependerá del nivel de su fuerza laboral.
Estos cambios han afectado profundamente el mercado laboral y hoy, a diferencia de hace 30 años, están obligados a trabajar prácticamente todos los miembros de la familia porque, en su gran mayoría, el empleo vitalicio ha desaparecido.
Existe una relación directa entre la situación de los hogares y sus ingresos con la situación del mercado laboral. Y este, a su vez, tiene estrecha vinculación con el nivel educativo de los trabajadores.
Está demostrado que quienes no tengan la preparación adecuada (basada en una educación de calidad), no estarán en condiciones de conseguir trabajo, o si logran tenerlo será poco calificado, precario y mal remunerado. Además, serán en su mayor parte informales, careciendo el trabajador de vacaciones, aguinaldo, seguro médico y jubilación. Esta situación la vienen sufriendo miles de compatriotas que no tuvieron la suerte de recibir una educación adecuada, ni de terminar el secundario, requisito casi excluyente para conseguir un empleo decente en la Argentina de hoy.
La falta de educación formal ha generado que vastos sectores de la población se encuentren desocupados. Los que más sufren esta situación son los jóvenes de 18 a 25 años porque, además de no tener estudios secundarios completos y manejo de herramientas informáticas, carecen de la experiencia que muchas veces compensa la falta de un título. Como señalaba anteriormente, hoy las empresas suelen fijar un piso de exigencia que parte del secundario completo para operarios (en algunos casos títulos superiores) y universitarios para el resto. Según Alieto Guadagni (en su reciente libro “La educación argentina en el siglo XXI”), “la posibilidad de que una persona de bajo nivel de instrucción este desempleada, triplica a la de alguien con estudios universitarios completos.”
El nivel educativo se ha transformado en la llave de acceso al empleo calificado, estable y bien remunerado. Por eso es muy preocupante que generación tras generación se repita este vacío de preparación, porque es la mejor manera de reproducir la pobreza y la exclusión. Estas desigualdades de origen, que no solo afectan a las personas, sino a la sociedad (al tornarse menos productiva en su conjunto) terminan significando un menor desarrollo para el país.
La educación pública y gratuita instaurada a fines del siglo XIX mediante la ley 1420 permitió integrar a los ciudadanos de todo al país a la nueva nación y que esta fuera una de las primeras en América en materia de alfabetización. La Argentina fue, durante décadas, ejemplo de educación pública de calidad para el resto del mundo. Lamentablemente, en los últimos 30 años la educación, y en especial la pública, ha sufrido un deterioro tal que la brecha entre ricos (educados) y pobres (sin educación o con educación incompleta), aumentó considerablemente y tiende a profundizarse. Todos los estudios indican que la educación privada (que abarca al 30% de la población) supera en calidad a la pública (70 % de la población). Aquellos que cursamos en establecimientos públicos somos testigos fieles de su deterioro. La Argentina pasó de ser un ejemplo, a encontrarse relegada en las pruebas internacionales de aptitud en materia de calidad educativa en todos los niveles.
Producto de esta situación, Argentina fue perdiendo la tan reconocida movilidad social. Hoy, el hijo de un trabajador no calificado tiene pocas chances de acceder a un mejor puesto de trabajo que el de su padre. Lo mismo le ocurrirá a la siguiente generación. Hace falta un cambio para detener esta debacle.
Ante los nuevos tiempos que se acercan, creo que es momento propicio para que la sociedad en su conjunto, y particularmente su dirigencia (que incluye no solo a políticos sino a empresarios, medios de comunicación, educadores, sindicalistas, etc.) se comprometa en serio con la educación y la establezca como una prioridad para el futuro, le destine la atención, los incentivos y los recursos necesarios para transformarla en la herramienta principal contra la desigualdad.
Según una encuesta de la consultora global Manpower, el 37% de los empleadores manifestó problemas para cubrir los puestos más demandados actualmente, entre los que están técnicos, ingenieros y oficios manuales calificados. Esto deja patente lo expuesto sobre la crisis educativa. Por eso creo que en la sociedad deberá darse un debate adulto sobre el perfil productivo del país. Saldado el mismo, y en consulta con el sector privado, el próximo gobierno deberá orientar la política educativa hacia los sectores más competitivos y garantizar trabajadores calificados para los sectores que así lo requieran.
Estadísticas reales para poder planificar políticas de Estado a largo plazo y educación pública de calidad son las condiciones necesarias para lograr una sociedad verdaderamente más justa e integrada, que permita un desarrollo de todas las capacidades que tiene nuestro país.
Ante un panorama que aparece tan desolador, quiero destacar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene trabajando en el sentido correcto y ha desarrollado el programa “Terminá la Secundaria”, que permite completar los estudios secundarios a quienes no lo han concluido. El programa abarca a todo el país y en estos últimos meses hemos estado firmando numerosos convenios con los sindicatos para que colaboren en la difusión del mismo entre sus afiliados. Trabajadores mejor preparados significan trabajadores con más posibilidades de crecimiento. Hasta el momento hemos tenido muy buena respuesta. Continuaremos por esta senda.
*Subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.