Fueron muchas las oportunidades en las que el gobierno del ingeniero Mauricio Macri no logró descifrar las consecuencias políticas que le acarrearía la toma de algunas de sus principales decisiones. Quizás la más emblemática fue la creación de la Policía Metropolitana con la conducción general de Jorge “el Fino” Palacios como frutilla. Es cierto que no es fácil detectar a un espía profesional como Ciro James plantado por la Policía Federal entre los miles de contratados que tiene este gobierno, pero también es cierto que la estrategia judicial fue la única defensa que se planteó el oficialismo a la hora de evaluar futuros daños. El ya clásico “no nos pararán” en la gestión, que recitan a menudo tanto el Jefe de Gobierno como sus principales funcionarios, parece darse de bruces con la realidad política que los rodea.
Las idas y venidas que adornan la estrategia que, con cierta torpeza y miopía (sobre todo en lo que refiere a la muerte absoluta de los partidos políticos), diseña el ecuatoriano Jaime Durán Barba, resiente la capacidad de anticiparse a las provocaciones permanentes tanto del Gobierno nacional como de la oposición local, salvando las diferencias en la capacidad de daño de uno y otra. Mientras Néstor Kirchner todavía no pronunció ni media palabra acerca de Macri y ya lo tiene rodeado y contra las cuerdas, la tropa de Fernando “Pino” Solanas y el resto de los opositores no encuentran aún la posición correcta para el golpe en el encuadre de este conflicto de corte netamente político que no perfora aún –y difícilmente lo haga– a la sociedad porteña.
Un diputado oficialista puso la situación en blanco sobre negro: “Desde el Ejecutivo me pidieron que sí o sí saquemos este mes el aumento del medio punto en Ingresos Brutos, cuando en este momento en la Legislatura lo único que podemos intentar es que no se aprueben sin garantías las interpelaciones que están planteadas”, se sinceró en estricto off the record.
“La situación, de alguna manera, no es muy diferente a lo que le pasó a Ibarra”, dicen desde la otra vereda. “Si bien Aníbal contaba sólo con dos diputadas propias (Fuerza Porteña) que lo respaldaban, elevaba el número a 26, un número similar al que posee hoy el PRO.” La abismal diferencia con aquella situación radica en la presión política que ejercían los familiares de las 194 víctimas, que en este caso no existen, un dato para nada menor que se verifica en el impacto social y mediático del caso.
Un funcionario político del oficialismo, involucrado en esta batalla pero con origen en la Justicia, sentenció: “La política todo lo decide, si tenemos que ganar o perder no depende de nosotros”, situándose por fuera de la política en una rueda con propios. Si bien es cierto que la persecución judicial no se puede despegar del “tufillo” electoral, la inacción es la raíz de casi todos los golpes que sufrió este gobierno de gerentes y empleados.
Si, como parece, hubiera finalmente en el mapa legislativo sólo tres posiciones acerca de qué hacer con Macri (no crear una comisión investigadora hasta que haya una sentencia judicial firme; crearla con fallo de primera instancia, o, in extremis, iniciar ya un juicio político), la primera sería la postura PRO, la segunda la intermedia posible y la tercera un imposible irracional. El tema de la comisión investigadora, hoy la alternativa con más adeptos, es que actúe con la precisión y objetivos que se le otorgan y no se manipule desde la peor política. La garantía para ello debe ser un oficialismo despierto (sería una novedad) y una oposición responsable (también) a la hora de conformar la misma, tanto en número de legisladores como en sus integrantes y proporción. Juego abierto en la política hasta que el juez Norberto Oyarbide emita su dictamen. Pero si Macri espera, seguro ya será tarde.
(*) Director General de Noticias Urbanas.