La omisión en el cumplimiento de responsabilidades y deberes que causa daños o mata es tan criminal como el realizar esos actos deliberadamente, y por ello las autoridades nacionales que han hecho oídos sordos a reiteradas denuncias respecto de las irregularidades y deficiencias con las cuales se opera el ferrocarril son directamente responsables de la tragedia de Plaza Once.
Expreso mi solidaridad con las victimas y sus familiares, y sostengo que hay funcionarios que deben ser despojados de sus cargos y sometidos a juicio penal.
No basta con declarar duelo oficial. El gobierno no ha controlado debidamente ni sancionado a la empresa TBA pese a todas las denuncias conocidas, entre ellas las de Proyecto Sur, que presentó un proyecto de ley para rescindir el contrato de TBA.