Tal como lo adelantó Noticias Urbanas, luego del fallo en primera instancia que dio a conocer el juez federal Norberto Oyarbide, el viernes 14 de mayo, los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, que integran la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal porteña confirmó por unanimidad y por los mismos cargos el procesamiento del jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, en el marco de la causa de espionaje, en un dictamen de 32 carillas que se conoció este jueves 15.
Los elementos fundamentales que provocaron tal resolución fueron los dos fallos anteriores de la misma Sala I, en los cuales ratificó la línea investigativa del magistrado acerca de la existencia de una asociación ilícita, estructura que se montó en la administración capitalina para realizar tareas de inteligencia interna y pinchaduras clandestinas de teléfonos, en los argumentos del fallo en primera instancia, que Oyarbide explicó en 641 carillas, en los pasos que luego de dictado el procesamiento en primera instancia dio el juez, al reunir nuevos elementos que comprometieron al jefe comunal y en la foja defensa que llevó adelante Macri. En la cual sólo sostuvo que era víctima de una operación K y que el magistrado era funcional a esa movida. “En definitiva aportó pocas pruebas concretas que avalaran su teoría”, le señaló a este medio un investigador del caso.
Noticias Urbanas adelantó en la edición 245 de su semanario, la flamante movida de Oyarbide para agregar nuevas pruebas contra el Jefe de Gobierno. Esa iniciativa se concretó la semana que comenzó el lunes 7 de junio y finalizó el viernes 11, cuando se realizó una nueva ronda de declaraciones indagatorias (en calidad de ser sospechosos de un presunto delito), de la cual participó la jefa de Gabinete del Ministerio de Educación porteño, Roxana Barroso, quien fue jefa de Ciro Gerardo James y que según Oyarbide se encuentra en una situación complicada, ya que cree que sabe más de lo que dijo en su primer testimonio.
El otro citado fue el ex jefe de la Policía Metropolitana (PM) Osvaldo Chamorro, el hombre de confianza de Jorge “el Fino” Palacios, quien tuvo trato directo con el espía James. Pero el magistrado no se detuvo ahí. Este martes 6, el juez le tomó declaración testimonial a los legisladores Gonzalo Ruanova y Diana Maffía y a la ex diputada porteña Silvina La Ruffa, ya que sus nombres aparecieron en una computadora que fue allanada de la empresa de seguridad Security Strategic Consultancy SRL, con un pedido de información patrimonial y financiera del sistema Nosis.
A eso se le sumó una declaración, que el magistrado consideró “muy importante”, de una empleada de la empresa de seguridad de Palacios, cuyo nombre no trascendió, quien pasó por los tribunales el jueves de la semana pasada y que, según los investigadores del caso, ratificó en su testimonio que “fue el propio Palacios” quien ordenó que se investigara a los políticos de la oposición, decisión que luego tomara estado público.
A partir del dictamen de la Cámara Federal la situación judicial de Macri empeoró mucho y sólo le queda recurrir a la Cámara de Casación y en última instancia a la Corte Suprema de Justicia. Según las fuentes consultadas por NU “la suerte del jefe comunal está echada y sus reclamos serán rechazados por los dos tribunales superiores”.