Con Alé Alé, la memoria popular se pone en acción

Con Alé Alé, la memoria popular se pone en acción


Las empresas recuperadas por sus trabajadores constituyeron un emblema de la crisis económica, social y política de 2001. Sus patrones –poco generosos en los momentos de buenas ganancias– tenían la malsana costumbre de fugarse y abandonar las instalaciones cuando llegaba la época de las vacas flacas. Ante esta situación surgieron muchas experiencias en donde los propios laburantes decidieron hacerse cargo de la gestión para sostener sus fuentes de ingresos, demostrando que de la desesperación pueden nacer respuestas creativas y solidarias.

Hay muchos ejemplos de empresas recuperadas que funcionan con éxito en la Ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país. Todas debieron enfrentar problemas como la dificultad para organizar con criterios cooperativos la producción, la venta y la distribución de las ganancias, así como el boicot en las redes de comercialización por parte de empresas clientes o proveedores. Y por supuesto la batalla legal para que el Estado reconozca el legítimo derecho de los trabajadores a ser dueños de la empresa que se empeñaron en levantar. Porque, claro, los mismos dueños que quebraron y los abandonaron incumpliendo la ley luego pretendieron utilizar a la Justicia para desalojar a los trabajadores acusándolos de ocupantes.

Que una situación de estas características vuelva a ocurrir en una Argentina diferente a la de 2001 podría ser motivo de sorpresa. Pero nos enseña que la memoria popular no se difumina como una moda pasajera. Por el contrario, persiste un reflejo y un aprendizaje de que los trabajadores pueden gestionar las empresas y que ante una quiebra no deben resignarse sino ponerse en acción. Desde principios de este año los trabajadores del restaurante Alé Alé, junto a otros cuatro que pertenecían a la misma cadena, están protagonizando una nueva experiencia de autogestión cooperativa. Hoy sufren un intento de desalojo por parte de los dueños del inmueble. El Poder Ejecutivo y las legislaturas deberían actuar en apoyo a quienes se organizan para garantizar sus derechos más básicos, comenzando con la preservación de las fuentes de trabajo.

 

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