Una vez más marzo nos recibe con un conflicto que impide el inicio de las clases. Una vez más el tema educativo ocupa un espacio en la agenda pública. Y, una vez más, pareciera que a nadie le preocupa verdaderamente hablar de Educación.
El gobierno de la C.A.B.A. ofreció a los docentes un 18% de aumento para el año 2017. Esto parece simple de formular pero no es tan así. Para el gobierno es una oferta completa. La oferta real fue de 10% en marzo y un 8% en noviembre, una oferta mezquina para los gremios docentes.
Nos encontramos aquí con un primer problema. Nadie puede negar el carácter insuficiente de esta suma teniendo en cuenta los niveles de deterioro del salario docente el año pasado y la poco creíble pauta inflacionaria para 2017 postulada por el gobierno en torno al 17 o 18%. Esta, a su vez, es una propuesta menos atractiva que la de la Provincia de Buenos Aires. El carácter insuficiente surge de entender que la mejor situación económica y financiera relativa de la Ciudad podría implicar una mejor posición para evitar el conflicto. Esto refleja que lo que el gobierno pone sobre la mesa de negociación de la Ciudad no tiene tanto que ver con la preocupación por el desarrollo de su propio sistema educativo -en virtud de su situación- sino que está a merced de una estrategia marcada por el gobierno nacional.
La contradicción, en el fondo, se origina en el hecho de que el propio gobierno nacional desistió de intervenir en la problemática salarial docente, desconociendo la legislación vigente respecto de la paritaria nacional y librando a cada distrito provincial a su suerte. Este hecho es muy grave porque expone al sistema educativo a un nuevo proceso de fragmentación que había sido parcialmente contenido por la Ley de Educación Nacional de 2006, luego del zafarrancho que había generado la Ley Federal de Educación. Entonces la pregunta es simple: si el Ministerio de Educación de la Nación, que desde la Reforma de los años 90 es un ministerio sin escuelas, no está dispuesto a fijar líneas de acción a nivel nacional y comienza a delegar todo en los Ministerios provinciales, ¿para qué existe?
Una segunda cuestión se refiere a los docentes y sus sindicatos. En la Ciudad, desde hace 6 años, las clases comienzan el primer día del período lectivo. La postura de la UTE (principal gremio del distrito) fue en esos años evitar las huelgas como estrategia de defensa de la escuela pública, Efectivamente, el deterioro de la imagen de la escuela pública y el progresivo incremento de la matrícula en las escuelas privadas fueron procesos en parte motivados por la pérdida de clases y también como consecuencia de los conflictos docentes.
Este año, su postura cambió. Ello se debe a que el paro convocado para los días 6 y 7 es nacional, responde al reclamo de la convocatoria a una Paritaria Nacional Docente. Sin embargo, independientemente del motivo, es necesario remarcar el retroceso que implica que nuevamente tengamos en la Ciudad de Buenos Aires un inicio de año trunco.
En definitiva, nunca podemos pensar la educación más allá de los conflictos que se suscitan en estas coyunturas. Nadie va a pensar, el día después, qué pasa con los docentes y alumnos cuando vuelvan a las aulas, cuando los maestros se encuentren desprestigiados por las críticas en medios y redes sociales, los chicos hayan perdido días de clase, la infraestructura escolar siga siendo en muchos casos deficiente, las cooperadoras reciban sus subsidios con plazos eternos, y cuando, en definitiva, el sistema siga sin rumbo. Por eso, es indispensable que superemos este conflicto docente para encarar de manera seria y responsable la crisis educativa que está en el fondo de todos estos problemas, si es que verdaderamente estamos interesados en recuperar la educación pública.