La falta de flexibilidad de los representantes del Gobierno nacional a la hora de negociar con un bloque opositor, que cuestionó algunos aspectos parciales, llevó al fracaso los acuerdos que hubieran hecho posible la sanción de la Reforma Política.
El peronismo no estaba de acuerdo solamente con dos aspectos del proyecto gubernamental: la Boleta Única Electrónica (BUE) y la gradualidad de su vigencia. El resto de las opciones era negociable. Pero el propio presidente se plantó en que la BUE era innegociable y el crack fue inevitable.
Tamaña devoción del Gobierno por la imposición de la BUE suena extraña, a tal extremo que dejó caer el resto de los puntos. No solamente eso, sino que antes, el 14 de noviembre, el Presidente de la Nación invitó a Olivos a nueve gobernadores para intentar que cedieran en su postura y aprobaran, finalmente, la utilización de la BUE. Recibió un “ni” como respuesta, pero algún infidente dejó saber que en la reunión hubo algún cruce y hasta alguna amenaza de parte del Gobierno.
De todos modos, el ministro del Interior –una voz habitualmente razonable– deslizó que existían opciones alternativas al sistema de votación, entreviendo la imposibilidad de imponer su punto de vista.
Pero lo más emblemático fueron las declaraciones del encargado de las negociaciones con la oposición, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, que, con poca cintura, declaró que “ganó el miedo del sector feudal a perder territorio y que un sector muy conservador de la política argentina dice, por ahora, no vamos a discutir el robo de boletas, fraguar las actas de escrutinio o terminar con las colectoras, con las candidaturas múltiples, pasarle a la Justicia la realización del escrutinio provisorio”.
El exlegislador olvidó, quizás, que él mismo fue elegido para ocupar una banca en el Parlamento mientras regía ese mismo sistema, que cuestiona ahora y no cuestionó entonces.
Además, ¿cuál es la calidad institucional de una “república”, si se intenta deslegitimar a los sectores de la oposición bajo la acusación de estar fuera del sistema democrático? ¿Era para tanto?
El jefe del Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña, volvió a la racionalidad y, si bien cuestionó la decisión peronista, lo hizo con un argumento político. Afirmó: “Seguiremos buscando consenso, dialogando,
pidiendo que den el debate y, de última, que despachen el proyecto de Juan Manuel Abal Medina, que es distinto al nuestro. Pero que muestren voluntad de diálogo”.
Posiblemente este año ya no haya definiciones acerca de la Reforma Política, a no ser que se abra una nueva –e improbable, por el momento– vía de diálogo. El año próximo se realizarán las elecciones legislativas de medio término, en las que Macri se juega la reelección, y el peronismo, la posibilidad de cristalizar su proyecto de volver al poder.
Por esta razón, los cruces no perderán intensidad, todo lo contrario. Lo que es de desear es que prime la
razón política y no la descalificación del adversario que intenta construir un proyecto político alternativo. No hay que olvidar que la existencia de un adversario coherente hace que la democracia gane en valor.