La presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para concretar, finalmente, el traspaso al Gobierno porteño de la red de subterráneos y de las líneas de colectivos que corresponden a la jurisdicción capitalina, lo que fue un reclamo de campaña del actual jefe de Gobierno.
La decisión de que sea el Poder Legislativo quien dirima el conflicto tiene un peso político relevante. Al fin y al cabo, esta disputa entre las autoridades nacionales y de la Ciudad respecto a la gestión del sistema de transporte pone nuevamente en discusión el actual equilibrio del modelo de federalismo vigente y las responsabilidades que implicaría asumir la autonomía por parte de la Ciudad de Buenos Aires. En efecto, todas las presiones impartidas por el Gobierno de la Ciudad para asumir la gestión local con su correspondiente transferencia de recursos de parte del Estado nacional volvieron a generar una intensa discusión acerca del sentido que debe primar en la asignación de los recursos federales.
Más allá de la valiosa oportunidad que se abre para desarticular los lugares comunes en torno al federalismo político y fiscal en la Argentina, cabe aquí resaltar el impacto que podría tener la redefinición de autoridades de gestión sobre la calidad del servicio de transporte. Al alterar la jurisdiccionalidad sobre la red de subterráneos y de colectivos urbanos, además de implicar un compromiso financiero para las autoridades locales, esto se traduce también en responsabilidad de control y en la necesidad de fortalecer la planificación. Es en este sentido, que el Jefe de Gobierno de la Ciudad reconoció sus temores a que se produzcan accidentes o se activen nuevas demandas relacionadas con las tarifas o la accesibilidad, lo que nos recuerda la falta de voluntad política del Gobierno porteño por fortalecer al Estado frente a los grandes desafíos de la Ciudad (transporte, vivienda, exclusión, seguridad, gestión de residuos).
Por otro lado, esta discusión también vuelve a poner en el foco la necesidad de pensar integralmente las políticas de transporte. Si bien deben existir responsabilidades de fiscalización e inversión claramente definidas para cada jurisdicción en función de los alcances de los servicios, sería importante también coordinar las políticas a nivel metropolitano de manera tal que las acciones locales tengan también un sentido regional. Si la Ciudad de Buenos Aires asume responsabilidades plenas respecto de los subtes y colectivos urbanos, se torna aun más necesario generar una instancia institucional que articule las decisiones que se tomen en las jurisdicciones circundantes. La coordinación entre todos los actores con responsabilidades sobre el sistema de transporte metropolitano, que viene siendo promovida y discutida en el ámbito legislativo y académico desde hace varias décadas, no puede dejar de ser impulsada si se apunta a mejorar y orientar las inversiones hacia un crecimiento sustantivo y de calidad de la red de transporte metropolitano. La indefinición respecto al formato institucional más conveniente para esta instancia de articulación institucional (ente metropolitano de transporte, autoridad metropolitana autónoma, mesa de coordinación, etcétera) no debería frenar los compromisos para garantizar proyecciones articuladas sobre la expansión de las redes, los estándares de control y la regulación de las tarifas. En rigor, lo más relevante para que cualquiera de estas instituciones funcionen es la voluntad política de los distintos actores para asumir realmente compromisos de integración de las políticas que se diseñen en un futuro.
La inclusión de estas cuestiones en el debate resulta fundamental para no desconocer los efectos del traspaso y para que la ciudadanía pueda orientar su participación en esta discusión hacia los aspectos que mayor incidencia tendrán en su vida cotidiana. Es a través de la definición taxativa de las responsabilidades y la coordinación entre jurisdicciones que podrá mejorarse el acceso a la movilidad, entendida como un medio para acceder a otros derechos, como la salud, la educación o el trabajo.
(*) Integrantes del área de Movilidad del CEPS-Generación Política Sur