Desde hace dos meses se debate en la comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña un proyecto por el cual diputados de Diálogo por la Ciudad proponen declarar la emergencia en los servicios de protección de derechos a la infancia. Con este proyecto se quiere fortalecer servicios que hoy se encuentran colapsados, entre ellos los dispositivos de atención en la emergencia del Consejo de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, algunos de los programas de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, particularmente los relacionados con fortalecimiento de vínculos y asistencia familiar y la Red de Asistencia en Adicciones, tema que se profundiza gradual y dramáticamente.
Las organizaciones de infancia y los especialistas señalan como una de las preocupaciones fundamentales la ausencia de respuesta para los chicos que egresan de las comisarías por orden judicial, sin tener familia continente que los pueda albergar. Señalan también que a pesar del tiempo transcurrido desde la reglamentación de la ley 26.061, no existen programas de seguimiento y contención familiar adecuados para la revinculación protegida de los chicos más pequeños con sus familias.
La Justicia de la Ciudad hizo conocer desde una sentencia pública del mes de diciembre de 2008, que debían arbitrarse los medios para agilizar el retiro de los chicos en sede policial. ¿Quién se hace cargo en el Gobierno de la Ciudad por la ausencia de dispositivos especializados y programas de fortalecimiento familiar para evitar la reincidencia o cronificación de situaciones de violencia en tantas familias devastadas por las sucesivas crisis y la marginación del sistema?
De acuerdo a la legislación vigente, el Consejo de los derechos recibe las solicitudes y denuncias, toma las medidas necesarias de acuerdo a un primer diagnóstico especializado y deriva a los programas de asistencia directa con los que cuenta el Ministerio de Desarrollo Social, y en particular, la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia. Esta área tiene un importante presupuesto, y sin embargo todo lo que ha hecho a lo largo del 2008 y lo que va del 2009 es poner el énfasis en terciarizar servicios que estaban en manos de equipos del Gobierno de la Ciudad. Estamos asistiendo a un proceso gradual de desmantelamiento de los dispositivos existentes desde la vigencia de la ley 114 en la Ciudad de Buenos Aires. Se están cambiando coordinaciones de servicios sin consulta con los equipos existentes, se desconoce la experiencia acumulada en el sector. ¿Qué en las gestiones anteriores a la de Mauricio Macri y Gabriela Michetti existían carencias y problemas presupuestarios? Por supuesto. El sistema de protección integral de derechos de la infancia tuvo que organizarse paulatinamente, y requirió de sostenidos aumentos presupuestarios y del diseño de nuevas políticas públicas.
Desde el año 2006 con la derogación del Patronato de Menores, la Ciudad amplió su responsabilidad en materia de infancia y familia, con lo cual fue necesario diseñar nuevos programas y políticas sociales o encarar un fuerte traspaso de equipos desde el ámbito nacional a la ciudad. Por el contrario, en los últimos dos años asistimos a un proceso de desmantelamiento de servicios y programas, con niveles de maltrato laboral e institucional desconocidos e inéditos en la vida cotidiana del Estado de la Ciudad, maltrato ahora agravado con el despido de trabajadores del Hogar Nuestra Señora del Carmen, ¿se lo querrá privatizar como se hizo con el Cyber? para chicos en situación de calle y el Hogar convivencial Padre Cajade? ¿Se desmantela la sede importante que tiene desde más de diez años la Dirección de la Mujer en Carlos Pellegrini 211? ¿Se cierra o fusiona la línea telefónica de ayuda a victimas de violencia con defensa civil y otras áreas que no tienen ninguna relación con el tema? ¿En nombre de qué eficiencia y de qué políticas públicas transparentes se recortan las horas extras del personal del SAME, del personal del programa “Pediatra en casa” y de tantos otros servicios de trayectoria reconocida por toda la comunidad?
Desde Dialogo por la Ciudad pedimos la asignación de nuevas partidas para fortalecer los servicios de protección de derechos de la infancia, partidas que deben contar con control parlamentario y del Plenario transversal del Consejo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para que los fondos públicos de infancia no vayan a parar a los negocios de las empresas contratadas para arreglar las veredas y pavimentos. Por estas razones, en el mes de marzo de este año, Aníbal Ibarra presentó el proyecto para Declarar la emergencia de las áreas de niñez de la Ciudad, estancado hoy en su tratamiento. Por eso estamos apelando a la movilización de la comunidad para evitar el vaciamiento de las Áreas sociales de infancia y de la Dirección General de la Mujer. Basta de dobles discursos y de propaganda amarilla, color que estamos aprendiendo a identificar con la hipocresía.
* La autora es candidata a legisladora por Diálogo por la Ciudad y ex presidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Bs. As.