Quienes participamos en prácticas valiosas de articulación entre las organizaciones sociales y la escuela pública vemos con enorme preocupación que se desvirtúa la propuesta de la educación popular en un “como si” que termina en la realidad de una educación pobre para los más pobres. Cuando la inclusión no está acompañada de excelencia educativa no socializa conocimiento ni construye herramientas para el pensamiento crítico, creativo y transformador. Es falsa inclusión o inclusión excluyente.
Las mejores experiencias en las que el voluntariado social actuó como puente entre la escuela pública y los barrios populares fueron desfinanciadas y anuladas en los últimos años. Los voluntarios alfabetizaban en el barrio y luego llegaban los maestros para continuar con la etapa de la primaria de adultos, un programa fantástico para trabajar donde la escuela no estaba y avanzar en educación popular. Nada tiene eso que ver con otorgar reconocimiento docente a quienes no tienen esa formación ni en promover que los militantes sociales reemplacen a maestros y profesores.
En la Ciudad de Buenos Aires también existen Centros de Primera Infancia que tienen a su cargo a 6400 niños de 45 días a 4 años de edad en situación de vulnerabilidad social. Esos jardines comunitarios dependen de Desarrollo Social, no del Ministerio de Educación, y equiparan en sus funciones a cargo de los grupos de niños y niñas a madres cuidadoras con maestras jardineras. Las tareas de alimentación, recreación y cuidado son complementarias pero nunca debieran reemplazar a las tareas educativas que tienen que estar a cargo de docentes. En todo caso hay que discutir cómo los docentes pueden incorporar estrategias de las experiencias de los agentes sociales para trabajar en contextos de pobreza, cómo pueden contar con el apoyo de las familias y la comunidad.
El debate deja al descubierto la ausencia de proyecto educativo y la intención de falsear los alarmantes índices de deserción y repitencia en la educación primaria y secundaria obligatorias que afectan especialmente a los más pobres a través de medidas que flexibilizan los parámetros de aprobación. También queda a la vista que desde la aprobación de la Ley Nacional de Educación en el año 2006, ya pasados ocho años, no se avanzó en garantizar el acceso a la educación inicial pública desde los 45 días ni en universalizar la sala de 4 años, por lo cual todos los años quedan decenas de miles de niñas y niños sin vacantes o en jardines de infantes sin maestros.
El debate pendiente es cómo el Estado garantiza escuelas y maestros con recursos, capacitación, tecnología, espacio de trabajo institucional colectivo, y es capaz de promover proyectos pedagógicos significativos que puedan articularse en un proyecto educativo nacional que aporte a revertir la desigualdad social en un sentido de justicia y promueva el desarrollo hacia el bien común.