En el año 2000, en el marco del 5to objetivo del milenio, el gobierno nacional se comprometió en la Organización de Naciones Unidas (ONU) a reducir un 75% la mortalidad materna en la Argentina. 18 años después, la práctica de abortos inseguros sigue siendo la principal causa de mortalidad materna. Sin embargo, al tener un Estado laico por Constitución pero religioso por decisión política no nos hemos animado a dar un debate integral de esta problemática.
En 2006 se dio un gran paso, se aprobó la ley de educación sexual integral pero ahí quedó, una vez más la Argentina discutía en vano. La ley, progresista y de vanguardia, aborda la educación sexual a través de los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, procurando una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin embargo, los gobiernos provinciales que adhirieron a la ley nacional no controlan su cumplimiento. Esto demuestra la falta de voluntad política que existe para que los establecimientos educativos brinden a nuestros jóvenes una educación igualitaria en términos de salud sexual y reproductiva.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no sólo incumple con la ley sino que subejecuta más del 80% de lo que presupuesta anualmente para los Talleres de Educación Sexual Integral. Esto como jóvenes radicales nos preocupa, ya que visualizamos la desidia y falta de interés que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tiene para garantizar que los chicos de nivel inicial, primario y secundario, de escuelas públicas y privadas accedan a una educación sexual integral igualitaria.
Por otra parte, hoy se estima que 500.000 mujeres al año abortan en la Argentina y por ello más de 50.000 terminan en internaciones hospitalarias por haberlo practicado en condiciones insalubres, lugares que no están acondicionados para realizar esta interrupción voluntaria del embarazo y además que muchas veces no cuenta con la presencia de un especialista. Desde la recuperación democrática en la Argentina ya murieron 3.000 mujeres por abortar en la clandestinidad y este es un problema de salud pública. El estado tiene que visualizar la problemática y dejar de mirar hacia un costado, ya que si se despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo no va a haber más o menos abortos, va a haber menos mujeres muertas.
Finalmente, para situarnos en un contexto internacional no puedo dejar de mencionar que alrededor de 70 países tienen legalizado el aborto, Uruguay, Sudáfrica, Francia, Alemania, etc. Es más, en 1974 el entonces presidente de Francia, Valéry Giscard d’Estaing le decía al Papa Juan Pablo Segundo, ‘’Yo soy católico pero soy presidente de la República de un Estado Laico. No puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos… Estoy en contra del aborto pero como presidente de los franceses considero necesaria su despenalización” . Por todo lo expuesto anteriormente está clara la necesidad de que se debata la despenalización en el Congreso.
Garanticemos la educación sexual integral en la Ciudad para que las mujeres puedan decidir, sigamos distribuyendo los métodos anticonceptivos para que las mujeres no tengan que abortar pero legalicemos el aborto para que dejen de morir.