Por reiteración, la sorpresa debería dejar de tomarse como tal. Una vez más, cuando el amplio conglomerado de “antikas” e independientes conformado por políticos, analistas, empresarios y medios auguraban la declinación de un proyecto que lleva más de una década y tiene fecha de vencimiento, el kirchnerismo no solo volvió a plantarse en medio de la vía sino que prendió máquinas y aceleró.
El quiebre, para quienes suponían erróneamente otra vez a un Gobierno en retirada, vino con el reimpulso del debate por el Código Civil y Comercial, que luego de dormir durante un año con media aprobación del Senado, revivió y se convirtió en ley hace menos de un mes en Diputados. El paso tuvo un ingrediente superior: la reunión entre Cristina y el Papa, en la que confirmaron su buena convivencia, dejando sellada la paz y un nuevo Código con artículos menos sensibles para la Iglesia.
Después vino un trío de leyes que, aunque tuvo el mérito (en particular una de ellas, la de Abastecimiento) de juntar a todo el arco empresarial, también pasó el filtro del Congreso. Después se agregó la Ley de Hidrocarburos y ahora el Código Procesal Penal.
Para ponerlo en perspectiva: un Gobierno con poco más de un año en el carretel para gestionar encadenó la modificación de media docena de leyes que, en un país normal, deberían durar décadas y hasta más de un siglo. En el caso de las explotaciones petroleras, la perpetuidad es bastante real: se prevén concesiones pasando 2050 y con la riqueza más importante del país (la que duerme debajo de Vaca Muerta) en juego.
Ahora, Cristina decidió ir también por una nueva regulación en el servicio de internet y las telecomunicaciones. Todo, como casi siempre, con la bandera de una supuesta democratización y reglas justas para la gente y rígidas para las corporaciones. En otros casos que venían con letra de molde, la puesta en práctica de esas normas violó largamente su espíritu.
Así, el oficialismo muestra una capacidad de fuga hacia adelante inédita en procesos anteriores. El Gobierno nacional no se va asfaltando su salida. Busca construir un nuevo puente para perpetuarse. La oposición, e inclúyase aquí a los exkirchneristas que saltaron para pelear por la herencia, bate la dudosa promesa de dar marcha atrás con varias de estas medidas si es que accede al poder. La capacidad y voluntad que requeriría semejante tarea genera, cuanto menos, muchísima incertidumbre.
La estocada legislativa que llevó a cabo el Gobierno también parece tener un correlato político-electoral. Aquella propuesta de una amplísima interna para licuar las chances de Daniel Scioli se desinfla a medida que no remontan los barriletes que le pusieron al costado para condicionarlo. Solo Florencio Randazzo amagó en algún momento con hacerle sombra. Hoy, la mayoría de las voces que se escuchan en el oficialismo hablan de una retirada sensata del ministro para transformarse en candidato a gobernador bonaerense. Al menos de la boca para afuera, él se mantiene firme en su plan nacional.
¿Más pruebas de conversión sciolista? El grupo emblemático del cristinismo, La Cámpora, dio muestras públicas de fidelidad hacia el postulante que hasta hace no tanto era rechazado por falta de pureza. Supervivencia al palo. También por ese instinto para conservar el poder debe entenderse el empuje que hacen, desde abajo y los costados, los candidatos del kirchnerismo-peronismo y afines que irán colgados de la boleta oficial en 2015. Todos dependen de un candidato presidencial que traccione. Y nadie mejor que Scioli. Incluso varios de ellos, los intendentes y diputados, por caso, pueden lograr su objetivo particular aun con un Scioli derrotado pero haciendo una primera vuelta digna.
La conveniencia, entonces, es mutua. El gobernador, que pasó de un naranja moderado a un tono más kirchnerizado, cree que cuanto más junte para sostener su estructura, mejor. Optimista por nacimiento y militancia, confía en sumar dos variables electorales que podrían parecer contradictorias: los votos del kirchnerismo más duro y los votos de un conglomerado más independiente y volátil. Tanto sueña con esa adición que hasta cree que le puede servir para ganar en primera vuelta. Ecuaciones de campaña.
De ahora en más, entonces, ya no deberían sorprender nuevos movimientos del oficialismo en busca de consolidar su poder. En el Congreso se habla de una posible convocatoria a sesiones extraordinarias para aprobar, quizás, alguna norma que avale el pago a los fondos buitre. También se abrirá un flanco en la Corte Suprema cuando Eugenio Zaffaroni renuncie en enero y el Máximo Tribunal quede con un integrante menos de los que prevé la ley. Allí, las versiones más osadas especulan con algún acuerdo con el radicalismo para repartirse una y una las sillas que dejarían el más K de los ministros judiciales y el veterano Carlos Fayt. ¿O impulsar una Corte de siete para nombrar más miembros todavía? El plano electoral, con sus reglas y sus alianzas, también es campo fértil para un Gobierno aferrado como pocos al poder y con un único fantasma reconocido: la profundización de una crisis económica y social que afecte de verdad al empleo.