La institución de garantía de derechos más abierta a las necesidades de la sociedad fué creada con rango constitucional en la reforma de 1994: es el “Defensor del Pueblo de la Nación”. Su prolongada acefalía es incomprensible. Su nombre también: “El defensor…” deja masculinizada a una institución que tiene por misión la protección de los derechos humanos, y en consecuencia la no discriminación.
Más allá de su nombre es la institución que mejor puede sostener los valores, principios, derechos y garantías constitucionales de todas las personas. Por ello la normativa le otorga amplias funciones dentro de los márgenes de la democracia y la gobernabilidad. Hoy hace mucha falta que exista para completar la orquesta institucional de la Nación.
Las raíces históricas de esta institución, que las monarquías escandinavas denominaron “Ombudsman” tienen poco que ver con nosotros. Aquellos Ombudsman debían limitar al poder feudal en defensa de los súbditos del reino.
Nuestras democracias no tienen súbditos ni príncipes. Por tanto, quien defiende derechos en democracia no está para limitar a los poderes legitimados, sino para cooperar o exigirles vigencia plena de los derechos y deberes que consignan la Constitución y los tratados ratificados por el país. Tomando en cuenta que éstos señalan al Estado como obligatorio garante de los derechos de las personas.
Defender al pueblo desde un lugar estatal es un hacer, no un declamar. Tal hacer puede consistir en observar y prevenir algunas veces, proponer alternativas otras veces, conciliar intereses, mediar en los conflictos o anticiparse a ellos aportando criterios desde la visión del pueblo, aunque la tarea sea intraestatal. Estar atento a todos y cada uno de los problemas que aquejan a la comunidad. No es tarea sencilla. Requiere tener 100 ojos como el mitológico Argos, profesionales idóneos alrededor, sólida paciencia zen, ágil imaginación e invulnerable racionalidad y discreción.
Defender, proteger, cuidar es también servir de puente para con los disconformes, escuchar, diagnosticar y abrir camino para satisfacer las justas demandas. Ser puente no es placentero, es estar siempre en el medio, cuando desde ambas puntas llueven reproches cruzados. Hay que poder blindarse con técnica y aprovechar la experiencia para pacificar primero, luego construir una propuesta y no olvidar que por error o descuido se puede caer del puente al foso de los leones.
Es de riesgo la función defensista si se la toma en serio, no superficialmente para figurar. Si se quiere ser eficaz y positivo, además de recurrir a profesionales con experiencia en función pública que profundicen los temas, también es necesario aplicar las técnicas de planificación, conducción y gestión, en su versión social.
Quizás por estas razones la Defensoría del Pueblo de la Nación se encuentra acéfala desde hace tantos años, sostenida por esforzados funcionarios de la línea, que mantienen a la institución razonablemente viva. No pueden hacer más por carecer de legitimidad, como si no fuera necesario –y a veces imprescindible- ese órgano del art. 86 de la Constitución creado para la protección de los Derechos Humanos. Confiemos en que nuestros senadores y diputados nacionales tomarán en cuenta este tema, porque de ellos –y solo de ellos- depende la solución.