Cuando cada uno cree tener la totalidad de los derechos y no respeta los de los otros, es que vamos mal como sociedad. Estas películas ya las vimos: la confrontación “nosotros o ellos” crece en espiral…si no se la contiene, puede (y suele) desembocar en violencia. Cuidemos que eso no ocurra. Empezando por analizar racionalmente la situación:
1.- Los comerciantes instalados: tienen derecho a defender el ejercicio de su negocio de la deslealtad comercial o de la obstaculización para el acceso a sus locales. Pero no tienen todos los derechos sobre el espacio público, ni tampoco el de monopolizar el rubro de venta al que se dedican. Equivocan al tildar de ilegales a los manteros…porque más ilegal es discriminar a los que tienen menos.
2.- El Espacio Público es un bien jurídico social, sin un único titular. En tanto es inclusivo de todos queda negado el uso de uno en forma excluyente de otros o el uso abusivo afectando el bien tutelado. El Estado regula el uso del espacio público de libre acceso a través del único órgano que representa al conjunto social: el poder legislativo. Y para que exprese el consenso social, el constituyente determinó una mayoría especial de 31 votos para sancionar la norma o modificar la existente.
3.- Por su parte los “manteros” no son una categoría unívoca. Los hay a) artesanos o manualistas, b) revendedores que compraron al por mayor y menudean, y c) revendedores de mercadería robada. Estos últimos, son el último eslabón de una cadena de ilegalidad sobre la cual sería meritorio que el Estado apuntara hacia los que roban mercadería al por mayor, y no contra los “buscas” ni revendedores que hacen de la reventa una estrategia de supervivencia.
4.- Los artesanos o manualistas no son ilegales, ni competencia desleal, ni molestan a nadie mientras no invadan el espacio público. Por el contrario, son parte del paisaje en las arterias peatonales, y en las plazas, atracción de turistas. Son trabajadores independientes, tan honestos como el que más, que resisten ser explotados o clientela de subsidios. Algunos son cuentapropistas de su propio talento, otros vendedores del producto de talentos ajenos, en cualquier caso, merecedores de respeto.
5.- Los revendedores que compraron en mayoristas o en La Salada, tampoco son ilegales. Los ampara la Constitución en su derecho a “ejercer el comercio o toda industria lícita”. Y ese derecho a trabajar es superior a otros. Mientras no abusen del espacio público, y acrediten compra o mercadería en consignación no habría ilegalidad. Quedaría entonces, sólo la cuestión de la lealtad comercial para que no pueda instalarse un revendedor con la misma mercadería en la puerta de un negocio ya instalado. Para eso está el Estado en su rol regulador que debe autorizar o no los lugares a fin de cuidar la convivencia social.
Esto se haría más sencillo si en lugar de disputar el espacio, se organizaran los tiempos. El comerciante con local instalado que abra sus puertas desde las 9 hasta las 18 hs. Y los “manteros” desde las 18.30 en adelante los días hábiles, y libremente los feriados. Si el Estado en su rol de regulador, hace lugar a todos los derechos y controla su cumplimiento, quien elige ir al conflicto es porque quiere más de lo que le corresponde en desmedro de otros, y el Estado no debiera avalarlo. De hacerlo se haría cooperador de la inequidad social o débil ante aprietes o extorsiones, aunque el discurso diga lo contrario.
6.- La imputación de “ilegalidad” debiera recaer sólo sobre los que roban la mercadería a granel, así como los que explotan el trabajo esclavo.
7.- Párrafo aparte merecen los quejosos de que les falsifican la “marca”. Cierto es que la “marca” es un bien jurídico del derecho comercial, pero no es un derecho humano. Menos cuando sabemos que a veces se ocultan entre los pliegues de las grandes “marcas” trabajadores explotados, en negro, o esclavo, evasión fiscal y otras lindezas que no por denunciadas han dejado de existir.
Las marcas han pasado a ser símbolos de status, su falsificación o imitación es en verdad una ilegalidad punible, pero es también uno de los recursos populares para burlar los signos y emblemas de la desigualdad social.
La imputación fácil de ilegalidad, genera discriminación:
Ya hemos visto antes como eran “ilegales” para la Policía, las personas indocumentadas. Así instalaron la xenofobia. Se pudo trabajar una nueva ley de Migraciones y programas de residencia, todo el mundo a documentarse, y se terminó el mote de “extranjero ilegal”. Aunque quedó la discriminación.
También vimos –y me tocó defender a muchos incluso- como la Policía detenía a quienes recogían residuos para la reventa de cartones, etc. denunciados penalmente por la entonces Municipalidad que consideraba de su propiedad todo lo que estuviera sin dueño en el espacio público. Hoy al trabajo de cartoneo se lo regula y están constituidos en cooperativas de recuperadores urbanos aquéllos “ilegales” de la época de Grosso. Si todavía funciona mal, la responsabilidad es un poco del servicio público y otro poco de la indisciplina social, pero no de los trabajadores cartoneros que realizan la peor parte del trabajo. También aquí quedó la discriminación vigente aunque estén hoy legalizados.
Ahora seguimos con los vendedores callejeros, y otra vez el mote de ilegal a lo mal regulado y peor controlado. Hay que separar bien la paja del trigo.
Y una vez más, pongamos en el tapete sólo las reglas de juego de la democracia y los derechos humanos, no la ley de la selva ni la de los barrabravas.
Dentro de los derechos humanos la vida y la dignidad son derechos prioritarios. De ambos deriva el derecho a un trabajo digno, para llevar una vida digna.
En democracia, el instrumento es el diálogo y la negociación, la institución reguladora es la parlamentaria porque es representativa y está legitimada constitucionalmente para conciliar los derechos en el espacio público ponderando los intereses sectoriales.
Eso se hace en mesas de trabajo, sin agravios ni piquetes, sí con racionalidad y respeto.