Como representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Congreso nacional, mi primer compromiso es con el cuidado de los intereses de la sociedad porteña, no de gobierno particular alguno, ni el nacional ni el local.
Con este sentido, frente al proyecto de ley presentado por la diputada Diana Conti, que establece que la totalidad de los depósitos judiciales se realicen en el Banco de la Nación Argentina y no en el Banco Ciudad de Buenos Aires, presentamos otra propuesta en el Senado fijando que, además de los fondos de la justicia civil que ya se depositan en el Banco Nación, se transfieran del Ciudad a esa entidad bancaria sólo los provenientes de la Justicia Federal.
Los fundamentos de nuestra iniciativa son, en primer lugar, que de esta manera no se retrocede en el proceso de autonomía, pues se trata de fondos federales. Autonomía que a esta altura, después de dieciocho años de la reforma constitucional que la consagró, ya debiera ser plena. Lo sería en materia judicial, si la totalidad de los fueros no federales pasara a la órbita de la Ciudad. Ahora, ¿qué hacer hasta tanto esto no ocurra?
Establecer por ley nacional que la Justicia que pertenece a la Ciudad -aun cuando no esté concluida la implementación de su autonomía- deposite sus fondos en el Banco Nación, alegando que se trata de Justicia Nacional, se parece a lo que haría un automovilista que va de Mar del Plata a Buenos Aires y, al encontrarse con un obstáculo en Chascomús, decide volver a Mar del Plata en lugar de avanzar hacia Buenos Aires como pueda, o al menos esperar allí hasta que sea posible continuar.
En segundo lugar, la propuesta de Diputados resiente el flujo con el que cuenta el Banco para préstamos hipotecarios y empresariales en una proporción muy alta -un tercio del mismo-, mientras que los fondos federales no llegan al 10%.
Finalmente, la media sanción de la cámara baja no produce ningún beneficio claro a la Ciudad de Buenos Aires, mientras que no innovar en absoluto o al menos limitar el cambio a lo que es correcto desde el punto de vista de la autonomía (como propone el proyecto de mi autoría), defiende la operatividad de nuestro banco público, que no pertenece a ningún gobierno.
(*)Samuel Cabanchik
Senador de la Nación
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Proyecto Buenos Aires Federal