En medio de la polémica existente por el traspaso del servicio de subterráneos desde el gobierno nacional al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo único que queda claro es que hay una evidente intención de dilatar el cambio de gestión de un servicio que tiene particularidades muy concretas que lo convierten en algo arraigado a la Ciudad.
En términos de Federalismo, es un contrasentido que el subte forme parte del presupuesto que abonan todos los argentinos. En otras palabras, ¿cuál es el sentido de que las 23 provincias de nuestro país deban contribuir (a través del sistema de Coparticipación Federal de Impuestos) para financiar un transporte público que se encuentra exclusivamente dentro de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires?
Desde la reforma constitucional de 1994 se está avanzado en lograr cada vez mayor autonomía para la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, se ha realizado el traspaso de competencias judiciales, se han elegido representantes para las juntas comunales, se ha creado la Policía Metropolitana, entre otras cosas. Todos estos logros de diversas administraciones en la jurisdicción.
Pero lo cierto es que hay una lógica bastante compleja cuando la gestión local debe dar respuesta ante cada nueva cuestión a resolver.
Para no perder el objetivo de la nota nos centraremos en el subterráneo. Los gobiernos que precedieron al PRO en la Ciudad dedicaron importantes porcentajes del presupuesto para mejorar y extender la red del subte, el ejemplo más cercano es la puesta en funcionamiento de la línea “H” y sus modernas estaciones. Este plan de obras, que necesita obligatoriamente de políticas de Estado, desde 2007 vio trastocado su desarrollo, ya que muchas de las inversiones necesarias para continuar fueron congeladas. La excusa por parte del gobierno de la Ciudad fue que desde la Nación impedían la adquisición de un préstamo internacional para tal fin. Lo cierto es que los gobiernos anteriores (con mucho menor presupuesto y con contextos económicos menos favorables) recurrieron al presupuesto propio.
Al mismo tiempo que se frenaron obras (solo retomadas cuando era escandaloso sostener el argumento esgrimido y en simultáneo con un proceso electoral), hubo aumentos de impuestos en la Ciudad y aumentos en cada uno de los presupuestos que se aprobaron año tras año en la Legislatura. Solo la presión popular y la realidad marcaron el verdadero problema: hay una gestión que no contempló verdaderamente el tema de los subterráneos y la importancia que tienen para la movilidad. Y la excusa también cayó: sobre la finalización de la campaña electoral para las elecciones desdobladas de Jefe de Gobierno hubo nuevas inauguraciones en las estaciones de subte y promesas de ejecución de obra.
La nueva excusa ahora ante el traspaso de la gestión del subte es que el gobierno nacional no ha realizado obras y que no puede hacerse de un día para el otro. Estamos hablando de un presupuesto ínfimo para la Ciudad sobre un servicio que es exclusivo de ella. Al respecto de la no realización de obras por parte del gobierno nacional, solo es necesario acercarse a Retiro y ver el avance de la línea “E” que se extenderá hasta esa terminal de transporte, significando una conexión estratégica para alivianar el tránsito automotor y mejorar la conectividad de las líneas de subte.
Por si esto fuera poco, las declaraciones de funcionarios de la gestión local no colaboran a entender la postura del gobierno de Mauricio Macri: algunos sostienen que es imposible traspasar el servicio, mientras otros dicen que solo puede llevar pocos días el cambio de manos de la gestión.
En definitiva, estamos ante un problema de gestión y de madurez para llevar a cabo políticas propias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el medio de esta situación se encuentran los usuarios de la red de subtes que son protagonistas de un sinsentido.
Pablo Salinas
Coordinador de Formación Política y Políticas Públicas de Gestar