(Escrita antes del fallo de Corte) El caso de Fernando Carrera es excepcional, tan excepcional que recibió una condena igual a la de un genocida, mayor incluso que la de Nicolaides. Entre lo absurdo y lo aberrante, el expediente Carrera compendia brutalidad, encubrimientos, omisiones, falsedades e impericias. El caso se inicia con un robo de menor cuantía en el conurbano que hace iniciar a la policía bonaerense una persecución basada tan sólo en la marca y color del coche (en el que huyeron los asaltantes) y al que pierden de vista en el trayecto a Capital. A partir de ahí la brigada de la Comisaría 34 – de civil y en vehículo ilegal- toma la posta y emprende persecución al primer auto con marca y color que le parece podría ser y busca detenerlo exhibiendo armas a pleno mediodía en Pompeya cerca de la Iglesia.
Asustado, el conductor interceptado –Carrera– cree que una banda lo está asaltando y acelera. Ello motiva que le descarguen una balacera despiadada. Herido en la cabeza, pierde el control de su auto y atropella a varios peatones, algunos de los cuales mueren en el acto y otros quedan heridos. La brigada de la 34 ante tal desastre que ha ocasionado por su brutalidad ilegal manifiesta, “arma” falsas pruebas, elude testigos reales y pone los propios, no anoticia a la fiscalía ni al Juzgado hasta después y compone la escena como que el delincuente armado era Carrera, un joven sin antecedentes que circulaba legalmente con su coche y documentos en regla, imputándole haber iniciado el fuego y huir imprudentemente.
La lamentable tolerancia de la fiscalía para con la Policía fue denunciada por quien escribe a la Procuración General. Las contradicciones entre el juicio oral y la sentencia son de antología.
La defensa particular de Carrera puso mucha voluntad y compromiso en su trabajo, pero eso no alcanzó para suplir sus errores de estrategia. Incluso durante el juicio oral, prefirió discutir con los jueces y presionarlos con bombos en la calle, antes que demoler jurídicamente todas y cada una de las pruebas aportadas por la instrucción y su secuencia de ilegalidades y encubrimientos que esos jueces ignoraron. La mejor defensa terminó siendo el film de Enrique Piñeyro "El Rati Horror Show", que evidenció la patraña, pero llegó tarde. A Carrera ya le habían dado 30 años de cárcel como si fuera un genocida. Las comisarías 34 y 36, responsables, gozaron de absoluta impunidad, igual que los distraídos fiscales de Pompeya.
Defendimos a Carrera al igual que otros, desde afuera del expediente, mostrando por otros medios la injusticia consagrada. Perdido el juicio ya en todas las instancias, hoy su defensor particular publicita una desesperada huelga de hambre a la que dice asociarse. Es en este punto que la Defensoría del Pueblo no lo va a acompañar aunque sí seguiremos apoyando a Carrera porque ha sido víctima de la peor violencia institucional.
Los que hemos defendido presos sabemos que con el compromiso y voluntad –por cierto imprescindibles– no alcanza: también hay que ser técnicamente solventes, reflexivos y evaluar en cada paso táctico la estrategia defensista adoptada. La libertad y dignidad del ser humano a cargo, y su menor daño penal y personal, es prioridad para un defensor y es ética jurídica. Además, en democracia, no corresponde utilizar la presión directa hacia la Corte Suprema, menos aún con esta Corte. Insistir en métodos estudiantiles es desviarse de la profesión jurídica como protagonista del estado de derecho.
Si el resultado de esta acción impulsara a la Corte a expedirse ya, igual lo festejaremos, no obstante el método no lo compartamos por antijurídico y por riesgoso dominó a futuro. La Defensoría del Pueblo seguirá bregando con gestiones y conductas democráticas para que este caso sea públicamente conocido como una de las peores violaciones a los derechos humanos de los últimos años, y se enjuicie a los verdaderos responsables que las ocasionaron y a los que las encubrieron.
(*) Abogada, Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires