Históricamente, desde el 83 a la actualidad, todos los gobiernos de alguna manera han querido palear el hambre y las penurias del pueblo más vulnerable: del pobre. Desde la caja PAN de Raúl Alfonsín, que se entregaba por medio de los comités radicales, hasta la ampliación de la Asignación Universal por Hijo a los monotributistas, la ley de Reparación Histórica y la devolución de 300 pesos del IVA para los jubilados anunciada por el presidente Mauricio Macri, lo que se hizo en todos estos años fue la de aumentar el asistencialismo destruyendo los derechos.
Esta destrucción se basa principalmente en incrementar recursos para palear crisis sociales fomentando la asistencia social pero sin una adecuada planificación a futuro. Es decir, para muchos un poquito pero que en definitiva se convierte en la nada. Se amplía la brecha por la cual la “gracia divina del Estado” otorga a los millones de humildes pequeñas cantidades de dinero sin que ello le otorgue el estatus de “verdaderos sujetos de derecho”.
Pero lejos de los rimbombantes anuncios de campaña que prometían “Pobreza Cero”, esta situación salió a la luz y se conoció que un tercio de nuestros compatriotas son pobres. Si, 13 millones de argentinos viven y padecen la ausencia del Estado y, entre ellos, el 90 por ciento de los adultos mayores sufren las penurias de no llegar a fin de mes.
Los fríos números de las estadísticas nos alejan de poner nombre y apellido a cada uno de los jubilados que aguantan sus días con tan sólo un haber mínimo de 5.661 pesos. Pero detrás de esos drásticos dígitos hay historias, dolores y también hay ilusiones que se inspira en la confianza depositada por la presencia de “un salvador” que se ponga al hombro a este colectivo social.
Seguramente, cuando se conoció el plan que el presidente Macri tenía para con los jubilados nacionales en la ley de Reparación Histórica con el pago de una deuda pendiente sobre la dignidad y derechos de los más vulnerables y la creación de la Pensión Universal al Adulto Mayor, muchos pusieron la confianza en ese gesto ¿Pero se equivocaron?
Inmediatamente después de los anuncios se comenzó a hablar de una futura nueva clase de jubilados: los de primera y los de segunda. Los que iban a cobrar una jubilación y los que iban a estar asignados con una pensión equivalente al 80 por ciento de aquella.
Sin embargo esta premisa es absolutamente falsa. No existen jubilados de primera y de pensionados segunda, sino que también los hay de tercera y de cuarta; todos ellos con un denominador común, según el INDEC y la Defensoría de la Tercera Edad, son pobres e indigentes.
Con el nuevo aumento que se dio a conocer a partir de septiembre equivalente al 14.16 por ciento el haber previsional mínimo, que incluye a más de 3,5 millones de personas, pasó de 4.959 a 5.661 pesos y el haber medio llegó a los 9.287 pesos constituyéndose muy por debajo de los índices de la canasta básica para adultos mayores que anunció la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires para el mes de agosto, la que trepó un 20 por ciento más en relación a la calculada a abril y alcanzó los 13.240 pesos. Estos son los pobres que salieron a la luz luego de los anuncios oficiales, pero que pueden considerarse como privilegiados en esta clase social de excluidos: jubilados de primera en una sociedad de cuarta.
En cuanto a los de segunda, con la sanción de la ley de Reparación Histórica, se creó la Pensión Universal para Adultos Mayores. Una suerte de pensión no contributiva con derecho al Pami, el cobro del 80 por ciento de una jubilación mínima y sin posibilidad de compatibilidad con la pensión por fallecimiento, cuyos beneficiarios cobraron con el incremento de septiembre 4.528,28 pesos.
En una tercera categoría encontramos los híbridos del escalafón: las pensiones no contributivas que perciben 3.962 pesos. Son 1,4 millones de infortunados que padecen de una realidad muy distinta a los otros. No tienen derecho a enfermarse porque si lo hacen sólo contarán, valga el ejemplo, con una aspirina y un vaso de agua por el deficitario sistema de salud que poseen.
Pero lo más ocupante no lo constituye este colectivo social de “privilegiados”. Lo preocupante son los invisibles: los beneficiarios de rentas vitalicias. Los que según Clarín, que publicó en su edición del 5 de febrero, son unos “300 mil jubilados de las AFJP” a los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación les otorgó el derecho a que se les equipare el sueldo al de la jubilación mínima y se les otorgue las movilidades de marzo y septiembre que la ley prevé.
¿Quiénes son estos beneficiarios? Son ni más ni menos que ciudadanos de cuarta: los indigentes del INDEC. Los que aún permanecen atrapados bajo el ex sistema de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones creado por Carlos Menem y Domingo Cavallo; son los que desde el 2003 viven con beneficios que van de entre los 400 a 1200 pesos promedio; son verdaderos jubilados y pensionados que no fueron reparados, en el sentido estricto de la palabra, por éste ni por el gobierno anterior y son los que viven en el olvido contando sus penurias por las redes sociales pidiendo el auxilio de algún periodista que visibilice sus luchas.
Éstos “ciudadanos de cuarta”, que hoy integran la franja de los 6.3 millones de indigentes, son los mismos a los que se les prometió, allá por la década de los 90, que obtendrían ganancias extraordinarias en dólares y que luego fueron los pesificados del 2003. También son los olvidados del 2008, producto de la estatización y unificación del sistema previsional. Son los mismos que no tuvieron el apoyo oficialista en “la década ganada” para que se trate en el Congreso una ley que les reconozcan igualdad de derechos y son, en definitiva, los postergados del 2016 con la Reparación Histórica pese a que la Justicia dijo que debían ser considerados, si se quiere, como aquellos “jubilados de primera” a los que hice referencia arriba.
Sin embargo, los pobres jubilados seguirán siendo jubilados pobres en la medida en que se siga asistiendo en vez de otorgar derechos. Una nación no se hace sobre el asistencialismo, sino sobre cimientos firmes que la consoliden como tal y la única forma de eliminar y erradicar la pobreza es dar dignidad al pueblo y no sumergirlo en la dádiva de un Estado benefactor.
Quiero cerrar esta columna con una frase que un gran profesor me enseñó alguna vez: “Basta que un país quiera un destino, para que ese destino se cumpla”. Yo aspiro a un presente y a un futuro con igualdad oportunidades y plenos sujetos de derechos.