Aunque los fondos buitres fueran inhumanos especuladores que presiden el Club Mundial de los Malos, como nos dice “El Relato”, la verdad es que quien autorizó a Griesa a obligarnos a pagar, fuimos nosotros mismos, los argentinos. O por lo menos, así está escrito en nuestra propia legislación.
Repasando brevemente, la historia comienza con la declaración de default en el año 2002. Luego de que la Argentina se vio imposibilitada de cumplir con los pagos correspondientes a aquellos a quienes les había pedido plata, el país entró en una lógica repleta de irregularidades. Por un lado, se cerró la canilla del crédito internacional que por casi tres décadas pareció inagotable, y ya sólo quedó la posibilidad de solicitarle préstamos a Chávez, significando grandes costos y tasas alocadas que superaban el 15%. Por otra parte, la Argentina tuvo que enfrentar duros procesos de pago que incluyeron infructuosas negociaciones, reestructuración de deuda y procesos judiciales.
Con los canjes de 2005 y 2010, el gobierno logró refinanciar parte de la deuda externa, canjeando los bonos defaulteados por otros nuevos pero en condiciones de pago que resultaran factibles de afrontar por el país. Sin embargo, no todos los bonistas ingresaron al canje. Un 7% del total de ellos no aceptó la reestructuración. Muchos de estos bonos fueron colocados en los mercados y parte de ellos comprados como paquetes de inversión. Los bautizados por cadena nacional como fondos buitres no son otra cosa que grupos de capitales que en el año 2008 compraron los bonos originales. A pesar de los intentos del gobierno nacional de personificar a los holdouts como aves de rapiña, la realidad es que muchos de estos fondos pertenecen a miles de ahorristas en carteras probablemente diversificadas, que ni tengan la menor idea de cuáles son los bonos que poseen. El acreedor más renombrado es NML Capital, el cual inició una demanda contra la Argentina, hasta que recientemente la justicia norteamericana les dio la razón exigiendo a nuestro país pagarles los famosos 1330 millones de dólares.
Hasta acá, es historia conocida por todos, pero falta aclarar un pequeño detalle: el juez de la causa, Thomas Griesa, nos obliga a pagar porque nosotros mismos le otorgamos el permiso, cuando emitimos los contratos originales (los bonos) bajo fuero neoyorquino. Los bonos emitidos a nombre de los argentinos, fueron emitidos bajo jurisdicción de los tribunales de New York. Todo habría sido diferente si hubiéramos emitido esos bonos bajo legislación inglesa, por ejemplo, ya que se podrían haber incluido las llamadas “cláusulas de acción mayoritaria”, las cuales obligan a todos los tenedores de bonos a aceptar una reestructuración de deuda si la mayoría lo hizo. De hecho, es por esto que el Fondo Monetario Internacional planteó su desacuerdo con el fallo contrario a nuestro país y recomendó la incorporación de este tipo de cláusulas que faciliten las reestructuraciones de deuda de los países que entran en crisis. ¡Hasta el Fondo nos sale a defender!
El mejor ejemplo de lo que podría haberse hecho, es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos “Bonos Tango” fueron emitidos bajo la ley de Londres, lo que le permitió a la Ciudad canjear su deuda para no entrar en default y cumplir con los pagos. El resultado de esa política mostró a Buenos Aires como una ciudad confiable, una ciudad que cumple con sus compromisos. Y es por esto que ha conseguido obtener créditos internacionales a tasas muchos menores que las que tuvo que soportar la Nación, como corolario de su cumplimiento.
En el medio de la tormenta con los fondos buitres, la Legislatura de la Ciudad está tratando un proyecto del ejecutivo para refinanciar las series de los Bonos Tango que vencen el año que viene y en 2017. El contexto y las decisiones del gobierno nacional dificultan cualquier colocación de títulos públicos pero habrá que ver cómo reaccionan los mercados. El punto de interés para la Nación es que de tener éxito en la renovación de los “Bonos Tango”, la Ciudad le ahorraría 500 millones de dólares a las reservas del Banco Central de la República Argentina durante el 2015.
Retomando el caso de los holdouts, lo inteligente por parte del gobierno hubiera sido prever a tiempo que el funcionamiento del sistema judicial estadounidense es muy distinto al nuestro. Por más que les duela a los militantes de La Cámpora que se manifestaron frente a la embajada para oponerse al fallo, la Justicia en Norteamérica es realmente independiente del poder de turno. El kirchnerismo podría haberse percatado con tan sólo dejar a un lado el revisionismo nacional y popular, utilizar la historia para lo que es útil y recordar el escándalo de Watergate, que terminó con la renuncia del ex presidente Nixon a pedido de la Corte Suprema o las numerosas medidas del New Deal que la misma le declaró inconstitucional a Roosevelt, en plena crisis del 30.
Por eso y aunque los buitres imperialistas del Club de los Malos, como estigmatizan desde La Cámpora, comploten mundialmente contra nosotros, el FMI sorpresivamente parezca defendernos, la Corte Suprema de los Estados Unidos diga que no se mete, y el Papa sea argentino, pese a todo lo bueno y malo, la realidad es que nuestro destino recae en nuestras propias decisiones. La culpa no es de Griesa, sino del que le da de comer.