La sobreactuación en el teatro es siempre una mala actuación. Cualquier profesor de teatro señalaría la regla infalible de una buena actuación: “menos, es más”. A ciertas personas que hacen de la política su actividad principal esa regla no les calza, prefieren sobreactuar, de la misma manera que quienes debaten sin argumentos suelen hacerlo a los gritos.
En los últimos días la sobreactuación se puso de moda y escala sin freno, suma exageraciones que pretenden construir irrealidades, una detrás de otra, en medio de otras realidades que, de por sí, ya son complejas.
Es el caso de José (Pepe) Scioli, hermano del ex gobernador bonaerense, para quien “Mauricio Macri ya tiene su 125”, en relación al aumento de las tarifas en los servicios públicos. Tal vez prevalezca la necesidad de imponer un título catástrofe para llamar la atención, pero el dirigente sabe muy bien que la actual situación en nada se parece a la reacción que produjo la Resolución 125 del kirchnerismo en el año 2008 contra de la producción agropecuaria. No es igual, ni la población argentina se ha movilizado como aquella vez en contra del gobierno.
Sobre el tarifazo, una jueza federal de San Martín produjo una medida para frenar el aumento de la energía eléctrica hace un mes. El martes de esta semana denunció que le dejaron una granada de guerra a pocos metros de su casa. Ella relató a la prensa que el artefacto fue encontrado en un contenedor de basura y que –aparentemente- la persona que la dejó se fue gritando que había una bomba.
Fuentes policiales aseguraron que el explosivo “no tenía tren de fuego, por lo que no podía estallar”. Aunque ella misma dijo que “no puede” asegurar que fue una amenaza contra su investidura, sostuvo que por twitter “recibió advertencias”.
Entre las sobreactuaciones de los últimos días se inscribe otra amenaza de muerte. A la vicepresidenta Gabriela Michetti le dejaron en el contestador de su teléfono un mensaje que decía: “Vos también comprate un auto blindado porque te vamos a hacer volar por el aire, hija de puta”.
Se juega con fuego en la sobreactuación de las amenazas, y hay que investigar, por si las moscas. En la Cámara de Diputados se pueden observar sobreactuaciones por doquier y el sólo detallarlas llevaría varias páginas. En esta moda de sobreactuar políticamente, el hoy diputado nacional y ex ministro de Planificación, Transporte y Energía Julio De Vido, tuvo la suya pero en ausencia y prejuzgando. Mandó una carta que el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, quería leer a toda costa para que el resto de los diputados no se burlaran de la silla vacía. “En virtud del intento explícito del gobierno nacional y los diputados del oficialismo de promover un debate sobre lo realizado en los últimos 12 años en materia energética, enfocándose en mi persona, en lugar de dar las explicaciones que espera la sociedad, en relación a cuáles fueron los criterios técnicos y fundamentos del brutal tarifazo que llena de angustia a las familias argentinas, quiero informar que no estaré presente en el plenario de comisiones del día de hoy”, decía De Vido en la misiva.
La decisión de De Vido de no presentarse fue “para evitar que se desvíe la discusión a cuestiones que responden a diferentes concepciones ideológicas y políticas”. ¿Quién quiere hablar de ideología?
Los argentinos quieren que se hable de las tarifas porque saben que están atrasadas, y quieren que el aumento sea racional. También saben que De Vido fue el máximo responsable del desmanejo y la consecuente destrucción del sistema energético del país, y que para eso tuvo 12 años de tiempo. Lo que hoy pasa con los servicios de energía no surgió en 2016.
La discusión sobre la cantidad de muertos antes y durante la última dictadura militar ya es ociosa. Digamos 30.000, porque si no, no es genocidio, no es holocausto. Punto. Pero presentar un proyecto para meter presos a los funcionarios que lo discutan y crear la figura del “negacionismo” es una sobreactuación innecesaria. Los argentinos somos negacionistas por naturaleza, hasta en el fútbol. Discutir sobre un número no puede llegar al extremo de considerar que se hace apología de una dictadura o se está en contra de los derechos humanos.
Hay otras sobreactuaciones menos entendibles aún, como el hecho de desalojar con carros hidrantes a un grupo de jubilados, movilizados por la Corriente Clasista y Combativa para pedir aumento en las pensiones. Los viejos no resisten la fuerza de los chorros de agua. Esta sobreactuación policial contra personas mayores de 60, 70 y 80 años seguramente no se verá cuando en frente tengan a los fuertes camioneros o a los trabajadores de la construcción.
Una nueva sobreactuación política emergió del mismo Senado de la Nación cuando aprobaron la creación de una oficina especial para controlar los gastos diarios del gobierno nacional. Se llamará –si es que Cambiemos no obra en contrario- Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación y se dedicará a la supervisión en tiempo real de los gastos e ingresos del gobierno. Una pregunta: ¿a alguien se le ocurrió plantear esta iniciativa durante el gobierno kirchnerista? No, porque lo frenaron Néstor y Cristina Kirchner. Pero todo cambió y ahora el senador de ese palo Juan Manuel Abal Medina, presidente de la Comisión de Presupuesto, lo impuso en la sesión de esta semana y pasará a la Cámara de Diputados, con destino incierto. No importa, lo que importa es la sobreactuación.
Ni los miembros de la Iglesia Católica se privan de la moda de la sobreactuación. Uno de los curas de la organización “Opción por los pobres”, el padre Paco Oliveira, eleva su voz y considera con gran frescura que “lo mejor que nos podría pasar” es que Mauricio Macri renuncie a la presidencia de la Nación. Lo dice en medio de la huelga de hambre que está haciendo en solidaridad con la dirigente jujeña Milagro Sala, detenida por sospechas de corrupción en el manejo de los fondos para la construcción de viviendas a cargo del agrupamiento Tupac Amaru, de Jujuy.
Paradójicamente, Milagro Sala levantó su huelga de hambre “a pedido de su familia y sus abogados”. El Periodismo tampoco está exento de la sobreactuación, y no hace falta que se ponga de moda. Esta semana, una corresponsal de un diario de tirada nacional, reflejó una primicia invaluable: Macri pidió entrar al baño de una vecina en Luján de Cuyo, y con ese pedido “sorprendió” a la vecina. Por supuesto, la noticia estaba ilustrada con la foto del baño, que la vecina asegura: “lo limpio todos los días”. Ese día, Macri iba a anunciar enfrente de la casa de la vecina la construcción de una red cloacal para 2.000 familias de esa zona por un valor de 33 millones de pesos. Pero Macri tuvo ganas de ir a un baño y fue noticia.
Las palmas de la sobreactuación política se las lleva la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, desde hace varias semanas. No sólo se negó a acudir a la audiencia con un juez, se declaró en rebeldía y le dijo que la citación se la metiera “en el orto”. Cuando el juez fue a tomarle declaración en la sede de las Madres, de Bonafini lo recibió en la cocina para darle a entender su apreciación personal sobre la justicia. El jueves último lanzó al aire que “el enemigo está de nuevo en la Casa de Gobierno”, y que las marchas “retornaron porque desde hace 8 meses en la Casa de Gobierno está otra vez el enemigo”.
En la misma marcha, número 2000, los estudiantes de la Universidad de las Madres reflotaron la idea de Hebe de Bonafini de juzgar a los periodistas que no le resultaban afines en el 2010. Esta vez fue “un juicio soberano relámpago ético y político” al presidente Mauricio Macri, a la vicepresidenta Gabriela Micchetti, a los ministros de Hacienda Adolfo Prat Gay, de Justicia Germán Garavano, y de Salud Jorge Lemus. Los manifestantes levantaron sus manos para votar el veredicto contra los funcionarios juzgados. Retornamos a la Edad Media en la cápsula de la ridiculez.
En una de sus tantas sobreactuaciones públicas la señora de Bonafini le pidió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que no permitan el “genocidio” que se quiere hacer con las tarifas.
Por suerte, la sobreactuación política transita por ahora a través de las palabras, no tanto por los hechos. Estos síntomas de reacción opositora cabalgan sobre la idea de modificar las tendencias de la opinión pública. Son expresiones que esconden un gran resentimiento, una inconformidad política nacida de los resultados electorales del año pasado, y la impotencia que provoca reconocer la carencia del poder.