A través del tiempo y a partir de cambios económicos, sociales y políticos se han producido transformaciones en la vida de las mujeres. Cada vez somos más las que nos insertamos en el mundo laboral, estudiamos, participamos en organizaciones sociales y políticas.
Sin embargo, las desigualdades persisten y aún hoy son valoradas de manera diferente, social y económicamente, las actividades que históricamente se nos han asignado a las mujeres, destinadas a la reproducción y al cuidado de los/as otros/as, realizadas en el ámbito privado, y las actividades de producción destinadas a los hombres, desarrolladas en el ámbito público. De esta manera permanecen intactas las relaciones desiguales de poder que generan la violencia, la discriminación y la cosificación de las mujeres.
Entendemos que somos las mujeres quienes sufrimos las principales consecuencias de las históricas desigualdades de género en nuestra sociedad. Aunque en la actualidad contamos con más derechos reconocidos, mejor acceso a la educación y al trabajo, continuamos percibiendo menores ingresos que los hombres por igual trabajo, siendo las mujeres jóvenes y pobres las que tienen trabajos más precarizados.
Los avances conseguidos en materia legislativa deben plasmarse en la realidad de las miles de mujeres a las que se nos sigue discriminando y negando el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía. Uno de los logros más importantes tiene que ver con nuestra participación política, pero a pesar que desde el año 1993 contamos con la ley 24.012, que establece que las mujeres debemos ocupar como mínimo el 30% de las listas en lugares con posibilidad de resultar electas, seguimos siendo minoría en la Cámara de Diputados/as; convirtiéndose este cupo, que pretendía ser el piso para garantizar la participación igualitaria entre hombres y mujeres, en el techo con el que nos encontramos muchas veces quienes asumimos el compromiso y la responsabilidad de participar en la vida política de nuestro país. Ésta, como tantas otras conquistas, fue impulsada por el movimiento de mujeres que viene reclamando la paridad en los espacios de representación y decisión.
Difícilmente podamos combatir las distintas discriminaciones que sufrimos las mujeres, si no tenemos un Estado presente, que asuma la responsabilidad que le cabe, tanto en la promoción de nuestros derechos, como en la ejecución de políticas públicas tendientes a garantizarlos, un Estado que elimine los obstáculos que se nos presentan a las mujeres a la hora de asumir nuestra participación en el espacio público. Necesitamos un Estado que promueva la autonomía y la libertad de las mujeres.
También es necesario que cada vez seamos más las mujeres que asumamos el compromiso de participar activamente en la vida pública de nuestro país. Cuando las mujeres que ocupamos espacios de representación incorporamos la mirada de género, la agenda pública cambia sustancialmente. La participación política nos transforma y nuestro accionar y nuestras voces transforman la política.
Cambiamos la política, la justicia y las reglas del juego para cambiar nuestras vidas.