No se sabe bien cuántos cárteles operan de momento en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos dicen que son cuatro. Podrían ser más, podrían ser menos. Lo que sí se sabe es que desde mediados de la década pasada para acá, la composición y la dinámica de los grupos delictivos en la ciudad variaron mucho con la llegada de los peruanos, que están mayormente asentados en la 1-11-14 del Bajo Flores y en partes de la villa 31. Su comportamiento criminal difiere del de los cárteles de bolivianos y paraguayos, de más larga data en Buenos Aires. Tienen otros códigos de conducta: mientras que bolivianos y paraguayos se enfrentan sólo con miembros de sus cárteles enemigos, los peruanos se meten también con sus familiares y conocidos. Todos son delincuentes, desde luego, pero esta diferencia es importante porque acrecienta el clima de violencia ya de por sí bastante pronunciado que existe en las villas y que se volvió más que evidente el 7 de septiembre del año pasado con la muerte de Kevin Molina, de 9 años, en Villa Zabaleta, durante un tiroteo entre narcos.
¿Qué hace el Estado al respecto? Las “irregularidades” en el Sedronar denunciadas por el nuevo titular, el padre Juan Carlos Molina, dejan ver un precedente de negligencia sobre el cual el Gobierno ha decidido desentenderse. Con bastante descaro, Jorge Capitanich (personaje al cual tuvimos que aceptar como la voz de la presidenta, cada vez más callada) habla de las denuncias realizadas por Molina como si fuesen un logro. ¿Es que recién ahora el Estado acaba de llegar al Sedronar? No menos descarada es su reciente declaración de que la seguridad es competencia de las provincias, como si el mapa del narcotráfico no fuese transversal a muchas jurisdicciones ni requiriese un trabajo en conjunto y planificado de nuestras fuerzas de seguridad, como si no fuese un problema de carácter federal. En vez de eso, el Gobierno cree que hace suficiente ubicando a la gendarmería en la zona sur de Capital. Ciertamente esto puede contener el clima de violencia momentáneamente, pero ¿cuál es el plan?
Soluciones momentáneas para problemas que ya deberían haber agotado su tiempo. Ni el Gobierno nacional, ni el Gobierno de la Ciudad, ni mucho menos el Gobierno de la Provincia parecen tener ánimo de conducir un plan en conjunto que pueda reducir a los grupos delictivos y pacificar las zonas de conflicto. Cada tanto leemos sobre el desmantelamiento de alguna banda de narcos, como ocurrió en 2009 con la captura de tres narcos peruanos en la 1-11-14. Esas bandas se van y, si no vuelven, son reemplazadas por otras.
La necesidad de recuperar el territorio es cada vez más imperante y demanda un trabajo posterior a la reducción de los grupos delictivos que requiere de la presencia policial continua. Una vez que sacamos a los narcos de las villas hay que evitar que vuelvan y al mismo tiempo hay que darle a la comunidad motivos para que no los extrañen. No olvidemos que, donde no hay Estado presente, son estos grupos los que hacen de “intendentes de facto”, los que proveen servicios, seguridad y resolución de conflictos (ya lo dijimos, las villas son el reinado de lo irónico). Lo que se impone ahora como prioridad es sacarlos de las villas y mejorar en ellas las condiciones de vida precaria y de informalidad que son un imán para el crimen organizado.