El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad es recurrente en nuestro país. A partir de casos resonantes mediáticamente (como el asesinato de Matías Bragagnolo en 2004 o el reciente caso del asesinato de Brian a manos de un joven de 15 años) se despierta en nuestra sociedad la discusión acerca de si la baja de la edad de imputabilidad es una solución a este problema.
Creemos que es importante dar el debate, pero que es fundamental hacerlo desde la seriedad y la responsabilidad que la temática amerita, atendiendo a datos estadísticos confiables y en el marco de un paradigma de Derechos Humanos que no busque soluciones rápidas o mágicas a una problemática que sabemos que no las tiene.
Hoy amanecimos con la noticia de que el gobierno nacional va a impulsar una baja de la edad de la imputabilidad de 16 a 14 años, así como también la reforma del régimen penal juvenil, que data de la época de la dictadura. Para empezar, es fundamental señalar que son dos cosas diferentes.
Estamos de acuerdo en la necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil especializado que aborde los delitos cometidos por adolescentes, tal como surge de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las normativas internacionales sobre el tema. Esto significa que se contemple un régimen específico para los menores de 18 años, más enfocado en el tratamiento socioeducativo y la inclusión. Sin embargo, esto no implica en absoluto bajar la edad de imputabilidad. De hecho, la dictadura, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), fijó la edad de imputabilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (Decreto Ley 22.278). En mayo de 1983, unos meses antes del retorno a la democracia, la edad de imputabilidad volvió a establecerse en los 16 años. Regresar a la edad de imputabilidad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a resolver los conflictos de la sociedad de manera democrática y desde el respeto a los derechos humanos de los involucrados.
Por otro lado, es necesario atender a las estadísticas. De acuerdo al informe elaborado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires en 2015, hubo sólo 1 caso de homicidio registrado cometido por menores de 16 años y sólo 10 cometidos por adolescentes entre 16 y 18 años (3,8% del total de homicidios). Es fundamental entonces resaltar que la cantidad de delitos contra la vida cometidos por niños, niñas y adolescentes representa un porcentaje ínfimo. Se comprende que cuando suceden, justamente porque son excepcionales, estos casos tengan mucha repercusión mediática. Pero si decidimos bajar la edad de imputabilidad, estaremos convirtiendo la excepción en una regla. Es claro entonces que una medida semejante no resultaría en un aumento de la seguridad para la ciudadanía. En este caso, la intención del gobierno de bajar la edad de imputabilidad parece responder mucho más a la presión mediática por el asesinato de Brian que a la búsqueda de medidas eficaces para combatir el delito.
Las leyes, y menos aún aquellas que impliquen a niños, niñas y adolescentes, no pueden ser nunca resultado de coyunturas mediáticas que, a partir de un caso particular resonante, generen en los gobiernos la necesidad de dar respuesta “como sea” al clamor popular que pide mayor seguridad. Las leyes deben ser sancionadas en base a debates serios, con datos confiables y discusiones profundas. Está claro entonces que las declaraciones del gobierno nacional del día de hoy, basadas en que “hay una situación en la franja de los 15 años” están exclusivamente dirigidas a dar una respuesta punitivista y demagógica frente al mediático caso del asesinato de Brian.
Porque no creemos que convertir la excepción en una regla redunde en mayor seguridad para la ciudadanía ni en una solución para nuestrxs pibxs, y porque abogamos por un abordaje inclusivo y democrático de la problemática de los adolescentes en conflicto con la ley penal, le decimos no al punitivismo demagógico.