Por estos días se dejó escuchar muchas veces en los medios la palabra diálogo, casi hasta saturar los oídos de los argentinos. Si se la busca en un diccionario, hallaremos que la palabra significa “plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos”.
Quienes utilizan el recurso de convocar al diálogo deben observar, en primer lugar, la premisa de escuchar a quienes son invitados a intercambiar “ideas o afectos”. De lo contrario, prevalecerá el antónimo de la palabra diálogo, que es monólogo, es decir, la palabra (logo) de uno solo (mono). Y no es intención de esta publicación debatir acerca de especies zoológicas.
Lo contrario del diálogo es la descalificación del que se sienta del otro lado de la mesa. No es justo adjudicarles a los docentes, por ejemplo, que son los culpables del deterioro de la educación. Tampoco se los puede cuestionar porque no aceptaron la propuesta salarial que se les hizo y que ejerzan, paralelamente, su derecho constitucional de hacer huelga.
La creciente violencia verbal e institucional que se ejerce contra los docentes tiene un tufillo disciplinador inaceptable. ¿Qué es si no represión que la policía detenga a los vehículos en los que se movilizan los huelguistas y les pida a los choferes de los colectivos su documentación, tal como ocurrió en la autopista Ricchieri y en las cercanías del puente Pueyrredón?
Todo conflicto gremial exige una solución, porque el reclamo social tiene un sentido de reparación. No puede ser la contestación de estos la represión. Porque no es esa la respuesta. Una vez pasada la represión, el problema seguiría incólume, en el mismo punto. Se acallaría la protesta, pero no se resolvería el problema.
Existe en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para encarar los piquetes, una de cuyas autoras es Alicia Pierini, que termina de lanzar el Instituto Argentino de Derechos Humanos. En uno de sus puntos se exige la presencia de un negociador que no sea policía, que debe relacionar a los que manifiestan su protesta con los funcionarios del área que debe responder a sus reivindicaciones. Pero, en medio del clima que se vive por estos días, parece irrisoria la posibilidad de que esto sea tenido en cuenta.
No es aceptable la violencia institucional, por eso es necesario lanzar una alerta. Por este camino no existe una salida institucional válida.
Tampoco es válido responder a los reclamos de las comisiones ad hoc de la OEA y de la ONU, que cuestionaron la detención de Milagro Sala, con chicanas legales y con la apertura de más procesos, que solo tienen como objetivo mantener detenida a una líder social cuya culpa es molestar al gobernador de Jujuy.
Es natural que existan los conflictos en una sociedad, pero no es lógico que se les responda con una doctrina guerrera, más cercana al marketing que a la política.
La naturaleza de la política es resolver los conflictos, impidiendo cuidadosamente que escalen hasta el límite de la democracia.