Una de las situaciones que ponen de manifiesto de manera más palpable en la Argentina el fracaso del Estado a la hora de cumplir con sus prerrogativas esenciales, tiene que ver con la problemática de los cortes de calles. Según datos de Diagnóstico Político, durante 2016 hubo 6.491 cortes en el país, superando la cantidad de cortes del 2015, cuando se registraron 6.323 interrupciones a la vía pública. De este modo el año pasado se produjo la segunda cifra más alta de piquetes luego de 2014, que con 6.805 fue el año de mayor número desde 2009. Esto, a su vez, se dio en el marco de una tendencia creciente año a año, que contabiliza un total de 39.576 piquetes en los últimos 8 años.
Este registro, sin parangón en otras partes del mundo, significa básicamente que una gran mayoría de ciudadanos ve diariamente interrumpido su legítimo derecho a circular por calles y rutas a causa de la obstaculización ilegal de la vía pública por parte de minorías que, con reclamos más o menos razonables, deciden perjudicar a los otros para tener repercusión. Al respecto, cuando se analizan los cortes en función de los grupos que los protagonizan, se observa que los trabajadores estatales son el actor que más piquetes ha realizado en 2016 (28%), seguidos por las organizaciones sociales (20%) y los vecinos autoconvocados (17%). Cabe destacar que estos últimos habían cobrado mayor dimensión en la cantidad de cortes realizados durante los últimos años del kirchnerismo, a partir sobre todo de los cortes de luz producidos por la crisis energética y por reclamos por inseguridad.
Lo cierto es que este estado de ilegalidad prolongada y casi permanente en la vía pública, que se sistematizó sobre todo en el transcurso de los últimos 12 años, pareció encontrar un punto límite en estos días. No tuvo que ver, como quedó expresado en las estadísticas del primer párrafo, con algún cambio drástico o aumento en la cantidad de cortes de calle. Más bien, lo que parece estar quedando en evidencia, sobre todo como consecuencia de algunos piquetes producidos entre fines del año pasado y estas primeras semanas de 2017 y que tuvieron alto impacto, es que se modificó la percepción de buena parte la opinión pública sobre este tema. Como si se hubiera pasado de un “estado de resignación” -imperante durante el kirchnerismo ante la política de inacción de aquel gobierno, que utilizó el engañoso eslogan de “no criminalizar la protesta social”-, a una nueva etapa de demanda de orden y legalidad por parte de la ciudadanía, hastiada de vivir en medio del piquete permanente.
En este sentido, si bien muchos de quienes votaron por Cambiemos lo hicieron con la expectativa genuina de que hubiera un cambio radical en materia de política de orden público, durante al año último tuvieron que adoptar una actitud de “hartazgo paciente”, conscientes de que un cambio brusco por parte del gobierno en la forma de actuar ante los piquetes, podría contribuir a la desestabilización y afectar la gobernabilidad, en un contexto de precariedad social continua. Por otro lado, el hecho de que los principales actores que durante 2016 protagonizaron los cortes hayan sido los trabajadores estatales, conformados en buena medida por grupos afines al kirchnerismo y que manifestaron siempre una abierta hostilidad hacia Macri, no hace sino confirmar la idea de que detrás de los reclamos de muchos piquetes lo que hay más bien son motivaciones políticas e ideológicas, lo cual exacerba aún más el mencionado hartazgo de parte de la ciudadanía.
De este modo, como nunca antes en los últimos años, nuestro país está ante la enorme oportunidad de empezar a recorrer un camino que lleve a recuperar cierta normalidad en lo que a orden público se refiere. Lo que en definitiva es un necesario e imperioso retorno a la legalidad. Desde lo discursivo, el Presidente de la Nación ya ha dado una señal contundente al reclamar al Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que se debe actuar al respecto.
La ciudad, que es por lejos, proporcionalmente, el distrito del país más afectado por los piquetes, aparece así en estos días como el espacio de prueba para la implementación de una política que empiece a poner límites a los cortes de calle indiscriminados. Horacio Rodríguez Larreta, que ha asumido públicamente el compromiso de actuar a partir del 1° de enero, empujado además por tener ahora el control total de la policía en la ciudad, deberá transitar un delicado equilibrio: dar muestras inequívocas de que ya no se podrá interrumpir sistemáticamente la libre circulación, y al mismo tiempo evitar que se produzcan situaciones de desborde y violencia por exceso en el uso de la fuerza. Al respecto se pueden contabilizar algunos antecedentes positivos en los últimos años en Buenos Aires, como el ordenamiento de la calle Florida o el Parque Centenario.
Lo cierto es que la luz de las intervenciones disímiles en los últimos días, ante los cortes de los trabajadores de la educación y de los manteros, resulta difícil vislumbrar aún el rumbo que tomará el gobierno. La clave probablemente consista, también en este tema, en el gradualismo.
Roberto Chiti – Politólogo – Diagnóstico Político