Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu y enorme pensador francés, autor del “Espíritu de las leyes” resaltaba en 1748, y antes de la Revolución Francesa, la línea delgada entre el poder despótico y el monárquico, en alusión a las exacerbaciones del poder monárquico. El despotismo es un gobierno absoluto, no limitado por las leyes, pero también el abuso de superioridad, fuerza o poder en la relación con los demás.
Déspota “es una persona desagradable y orgullosa que trata con despotismo a todo el mundo”. La actual vicepresidenta Cristina Fernández, en un estado superlativo de ira contra el Poder Judicial argentino, al que supone un enemigo, quiso descalificar sus funciones mientras, paralelamente, desmerecía el talento del genio de Montesquieu, uno de los principales hombres del Ilustrismo.
A la señora que ocupa el segundo lugar del poder en el país le parece que la separación del poder político institucional de una república, establecido por la Revolución Francesa, atrasa porque es del “año 1789”. Lo dice en un video profusamente difundido estos días. Preocupa la cortedad de su visión política, movida intensamente por un interés personal ya que, a su juicio, la Corte Suprema no responde a sus necesidades y caprichos.
Es sorprendente que aluda a la historia para justificar sus estados de ánimos teñidos de una paranoia innecesaria, y sobre todo que la use mal, como si hubiera hecho una lectura ligera, “en diagonal” como dicen los más vagos para leer y forzar la mirada para que encaje con lo que ella desea condenar ante la opinión pública. No le importa si en ese afán caen en la volteada alrededor de 41.000 personas ejecutadas en un año según datos extraoficiales durante la Revolución Francesa. Ni tampoco si sus dicho tocan el orgullo del mismísimo presidente que ella puso, siempre tan dispuesto a cambiar de idea de un día para el otro, por temor reverencial hacia la señora.
Nadie, ni siquiera una dirigente política de un país en decadencia como la Argentina puede sentirse habilitada a condenar aquél apoteótico avance revolucionario sobre el Antiguo Régimen monárquico que gobernó por cientos de años en el mundo. Nadie, ni siquiera una aspirante a líder política tiene el derecho de burlarse de Montesquieu sobre cuyas ideas se escribieron la mayor parte de las Constitucionales Nacionales y se implementaron las democracias en Occidente.
¿Qué le pasa a la vicepresidenta? ¿Quiere cambiar el sistema político democrático, tiene otro en mente o aspira a implementar una novedad en el mundo de las ideas? Desde la tribuna no solo se hacen esas preguntas, sino también otra: ¿qué les pasa a los políticos argentinos –hombres y mujeres- que agachan la cabeza y no emiten una sola palabra para contradecirla o hacerle frente, salvo unos pocos senadores, a los cuales manda a cortarles el micrófono para que no se los escuche? O los tilda de “amargos” cuando la titular del Senado no tiene facultades para hablar, sino solo para dirigir la sesión. Es déspota, Cristina Fernández muestra un liderazgo déspota. No es una gran estratega, es apenas una mujer ofuscada a la que las cosas le están saliendo mal y manifiesta berrinches.
La separación o división de poderes es un principio político democrático adoptado por la mayoría de los países del mundo para gobernarse. Los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, son ejercidos por órganos del gobierno; distintos, autónomos e independientes entre sí. Ésta es la cualidad fundamental que caracteriza a la democracia representativa.
En sus profusas investigaciones y estudios, Montesquieu alertaba en su época, incluyendo el proclamado año 1789: «todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder». Pelito para la vieja, y mensaje para la clase política.
De este modo, se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos ya que cada uno vigila, controla y detiene los excesos de los otros para impedir, por propia ambición, que alguno de los tres predomine sobre los demás. Y eso es correcto, siempre y cuando el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial actúen institucionalmente, respetando la independencia de los otros dos. Este precepto no habilita a “una persona” a disponer si un Poder sirve o no, si es viejo, o si no responde a lo que esa persona desea por un interés personal y familiar.
Ello puede contrastarse con la fusión de poderes y separación de funciones en los sistemas parlamentarios, donde el poder ejecutivo y el poder legislativo están unificados, debido a que el legislativo nombra al ejecutivo. En Argentina nunca se llegó a la instancia de proponer siquiera el Parlamentarismo porque la mayoría de los dirigentes, de todos los partidos, están acostumbrados al presidencialismo, que es lo mismo que decir caudillismo. Tan atrasados estamos que ya no puede decirse que se pertenece a un país, a una Patria o a una Nación, porque –como dice Pérez Revert- ya somos simplemente una tribu. Y agrego, una simple tribu plagada de simbolismos sin sentido, de pasados gloriosos perdidos en la historia y carente de futuro porque nadie piensa hacia adelante.
La doctrina de Montesquieu no se refiere solamente a la separación y al equilibrio de los tres clásicos poderes del Estado, sino a la necesidad de dividir el poder político donde se encuentre, sea en la esfera municipal, regional o nacional, para así garantizar la libertad política y evitar los abusos de poder.
Cuando los estados y los gobiernos contravienen los Principios de esa postulación, caen por sí solos (Imperio Romano, República Ateniense). Es decir, cuando un tipo de régimen moderado, ya sea una República o una Monarquía, no gobierna basado en sus principios se lo denomina generalmente un gobierno corrupto. Lo decía Montesquieu.
En una Monarquía constitucional, el derecho divino, la tradición o la costumbre establecía la legitimidad política del gobierno del monarca; en una República constitucional, el sufragio directo de los ciudadanos establece la legitimidad política del gobierno del presidente, y la composición de ambas cámaras en el Congreso. El Poder Judicial -como tanto repite CFK- efectivamente no es votado por el pueblo, pero sí lo es a través de sus representantes en los otros dos poderes. Es aprobado y la Constitución nacional le otorga independencia para fallar de acuerdo a la noción de Justicia en su más elevado sentido.
La Justicia es un principio universal que rige la aplicación del Derecho para conseguir que se actúe con la verdad, dando a cada uno lo que le corresponde. El conjunto de valores que deben regir un Estado de Derecho forman la Justicia. Los valores que conforman la justicia son la equidad, la libertad y la igualdad. En ningún diccionario ni tratado de Derecho Constitucional la Justicia dice que debe responder a los intereses de un o una política involucrada en cuestiones de corrupción, con procesos en cursos que solo serán tratados por la Corte Suprema de Justicia cuando tengan fallo firme.
O sea, hay que esperar. La Revolución Francesa nada tiene que ver con el destino personal de la vicepresidenta de la nación, Montesquieu no es culpable por haber concebido la separación de los poderes políticos del sistema democrático, la Corte Suprema hace lo correcto al no adelantarse en funciones que corresponden a la ultimísima etapa del proceso judicial de las causas que involucran a Cristina Fernández.