El panorama político se presenta muy agitado en los últimos meses del año. Tres fechas claves: 8N, 20N y 7D forman un triángulo en la lucha por el poder en Argentina y marcan los tiempos de una discusión muy temprana pero que se impone más allá de la racionalidad de la situación, que es la elección presidencial de 2015.
Por una parte, la manifestación del 8N tuvo características inéditas tanto por la ausencia de un polo de convocatoria, como por el perfil sociocultural de los participantes, mayormente un sector de la clase media y media alta, segmento poco propenso a salir a las calles. No obstante, puede encontrarse un “parecido de familia” entre el perfil de los movilizados el 8 de diciembre y los que lo hicieron durante el conflicto del gobierno con los sectores agropecuarios en torno a la resolución 125 de retenciones móviles.
Una característica sociológica y comunicativa particular de la convocatoria del 8N fue que la movilización le habló a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la distancia y por medio de los carteles. La Presidenta ha entablado un diálogo con la sociedad principalmente a través de la televisión con sus discursos periódicos en actos, inauguraciones, y en respuesta, la movilización del 8N le habló directamente a ella, algo extraño, porque en general las demandas políticas no suelen tener un destinatario tan específico.
No hay una única razón para la disconformidad de los sectores movilizados. Por el contrario, hay una gran cantidad de elementos que se unen allí: por un lado una tradicional oposición al peronismo de algunos sectores que no acuerdan con sus políticas pero tampoco con las modalidades discursivas y estilos propios del movimiento creado en 1945, (y muestran su desagrado incluso en políticas concretas como la Asignación Universal por Hijo), desde una oposición estética pero también con contenido de clase.
Luego, existe una razonable preocupación en temas puntuales como la seguridad, compartida por toda la sociedad, sin observar detenidamente que no es posible solucionar la cuestión sólo por la vía policial. Mientras haya gente viviendo en la indigencia, la Argentina (y ninguna sociedad) podrá ser un país seguro, porque la seguridad tiene que ver en primera medida con la inclusión social.
Por otra parte, existe un rechazo a las restricciones de política económica como la compra de dólares y las limitaciones a importaciones, factores que la clase media y media-alta perciben que las afecta personalmente. Por supuesto tampoco hay que dejar de ver que las alzas de precios los inquietan especialmente sobre todo porque les limita la capacidad de ahorro, pues no pueden compensarla con compra de moneda extranjera, u otros instrumentos de ahorro como en su momento fueron los plazos fijos.
Finalmente, la otra cuestión esencial fue el rechazo a una potencial re-reelección, porque ven que no hay desde la oposición quien actualmente pueda canalizar el descontento y si el gobierno de Cristina lograra forzar una reforma constitucional es muy probable que gane una nueva elección, mientras que si el kirchnerismo tuviera que elegir a otra persona de su entorno, la cuestión electoral sería en todo caso más competitiva y disputada.
Desde otro ángulo de la argamasa social, Hugo Moyano sale a disputar parte de la base social del kirchnerismo con el llamado al paro y movilización del 20 de noviembre junto a la CTA de Pablo Micheli. En efecto, gran parte de la base electoral que entregó el 54% de los votos en las elecciones presidenciales provino de los sectores obreros calificados que fueron mejorando sus salarios en forma consistente mediante las paritarias.
El reclamo por la suba del mínimo no imposible del impuesto a las ganancias de parte de los asalariados del sector formal, es mediamente acompañado por la mayoría de la clase trabajadora, pero no parece existir un acuerdo generalizado en que un paro con movilización sea una medida acertada. El 8N marca la cancha nuevamente, porque por un lado algunos sectores ven que dos protestas tan fuertes y cercanas temporalmente es un desafío demasiado grande para un gobierno que no cumple un año (aunque son cinco desde el primer mandato de CFK), y el importante número de personas en la calle que entregaron primero el 13S y luego el 8N, constituye una fuente de comparación indisimulable, para consolidar un espacio opositor no muy explícitamente delimitado (¿incluiría a Macri?) conducido por el líder camionero.
A esta altura, parece ser que si la contraofensiva del oficialismo sólo concentrara en el 7D, podría ser una respuesta insuficiente para contrarrestar los desafíos inmediatos, no porque la aplicación de toda la reglamentación de la ley de Servicios Audiovisuales no fuera importante (de hecho cambiaría en buena medida la televisión tal como hoy la conocemos), sino porque la sociedad no ha tomado esa bandera como propia, ni a favor ni en contra. Toda la artillería del Grupo Clarín, parece hacer agua en un mar de indiferencia. No parece que el grupo multimedia pueda construir su propio 8N, que en último caso se transformaría en una situación sin precedentes. Por el otro lado, el gobierno tiene de su lado una medianamente sólida construcción legal, a diferencia de la resolución 125 de retenciones móviles. No obstante, la puesta en marcha de la ley tiene una compleja aplicación operativa y judicial dado que también modificaría otros grupos aparte de Clarín, como Telefónica, o el grupo Vila Manzano, quienes preparan un plan de desinversión que seguramente traerá controversias de final abierto.
Carlos F. De Angelis (sociólogo y profesor de la UBA)