El traspaso de la red de subterráneos a la órbita de gestión del Poder Ejecutivo de la Ciudad vino a saldar, además de una discusión política que se había vuelto absurda, una gran deuda en términos de las facultades que asume el Estado porteño respecto de la administración de los servicios que le son propios. Este acontecimiento de por sí es positivo para el distrito, ya que extiende sus oportunidades para ofrecer políticas públicas de calidad que mejoren la cotidianeidad de los porteños.
Sin embargo, enfrentamos en la Ciudad el desafío de orientar las primeras acciones de esta gestión hacia un modelo virtuoso que permita mejorar la del servicio prestado. En este sentido, es decepcionante, aunque no inesperado, que el proyecto de ley enviado por el PRO a la Legislatura porteña que llevaría, al fin, el control del sistema de transporte subterráneo al ámbito del Gobierno de la Ciudad simplemente busque limitar al máximo la responsabilidad gubernamental mientras restringe los derechos de los trabajadores y transfiere los costos a la ciudadanía.
El proyecto marca un retroceso en materia de transporte: en vez de planificar cómo expandir la red, garantizar acceso y ampliar los derechos de los porteños, apunta a limitar la responsabilidad gubernamental en el sistema. Al declarar una emergencia de cinco años, permite un margen de maniobra que reducirá la transparencia de la gestión. Y no plantea objetivos claros de gestión. Todo esto, casi un año después de firmar un acuerdo con el Gobierno Nacional para hacerse cargo del sistema de subtes, después de un tarifazo que duplicó el costo de utilizar ese medio de transporte y después de una ley nacional que ratifica el traspaso.
El proyecto también es ilegal. Desde el Ministerio de Economía Nacional se anunció la presentación de una demanda de inconstitucionalidad de los impuestos provinciales al combustible en el caso de Córdoba y su Ley N° 10.081, que es, además, una de las formas de financiamiento desarrolladas en el proyecto de ley del PRO. Esta carga, de la cual todavía no sabemos si será presentada como impuesto, tasa o contribución, redundaría en que quien cargue combustible en la Ciudad pague un precio distinto, mayor que quien lo haga en la provincia de Buenos Aires, o en la de Entre Ríos, o en cualquier otra.
La facultad impositiva respecto de los combustibles reside exclusivamente en la Nación (Ley N° 18.201), cuya percepción es fiscalizada por la AFIP. Además de que carece de todo sentido lógico que una provincia o la Ciudad pretendan imponer su propio impuesto, vale señalar que si ello se generalizara, el efecto sería la creación de desigualdades entre las provincias.
Además, el proyecto hace hincapié constante en la supuesta inseguridad del sistema y la responsabilidad del Gobierno Nacional por desatender las inversiones en el último año. Mientras que en Buenos Aires el Gobierno local busca excusas para no gestionar, en México el intendente recientemente inauguró una nueva línea de metro, que conecta barrios pobres del sudeste con el centro, y que acorta a la mitad los trayectos (de un promedio de 150 minutos a 78) y reduce el costo total del viaje (al disminuir la necesidad de trasbordos entre colectivos). La línea mueve un promedio de 390 mil personas por día.
En la Ciudad de Buenos Aires necesitamos proyectar obras de relevancia que nos permitan integrar la ciudad y los barrios populares que actualmente están aislados de la red de subterráneos. Los modestos alcances que proyecta la Ley propuesta por el Pro probablemente postergarán aspectos fundamentales del modelo de Ciudad que defendemos y que paulatinamente debemos comenzar a construir. Sin embargo, el horizonte debe ser claro y ayudarnos a aunar los esfuerzos de todos los sectores que creemos que es posible gestionar la Ciudad de Buenos Aires sosteniendo los derechos de los trabajadores, promoviendo la integración social y garantizando la gestión eficiente de los servicios públicos por parte del Estado.
(*) Miembros de La Fábrica Porteña (www.lafabricaportena.com).