Creemos que resulta impostergable “recuperar el diálogo como práctica estatal”. El diálogo es un instrumento esencial para romper con la situación de suma cero, de inmovilismo estatal a las que los porteños nos vemos sometidos en materia de Seguridad Pública y ciudadana, tanto por el Gobierno Nacional como por la Administración del Ing. Mauricio Macri. Estamos convencidos que poner en marcha el diálogo es ir hacia una mejor coordinación y complementariedad entre la Policía Federal, la Policía Metropolitana, sin descuidar las Policías Provinciales. Sólo así estaremos dando una respuesta integral al delito.
Proponemos la puesta en marcha del Consejo de Seguridad Interior de la Región Metropolitana
Para dar una respuesta coordinada inter-jurisdiccionalmente al delito en la Ciudad, proponemos establecer vínculos institucionales entre los diversos entes y establecer como herramienta, el diálogo político entre las distintas unidades estatales: la Ciudad, Nación y Provincia de Buenos Aires, en el marco del Consejo de Seguridad Interior de la Región Metropolitana.
La Policía Metropolitana fue creada en la Ciudad de Buenos Aires por ley 2894 y fue pensada como una fuerza de proximidad. Conformada en la actualidad por 4800 agentes, está dotada con alta capacidad tecnológica y de movilización, sin embargo, no está en condiciones de cumplir su misión por carecer de número suficiente de agentes policiales. Creemos que el empleo de la Policía Metropolitana debe ser coordinado integralmente con la Policía Federal que es la única de las cuatro fuerzas federales que posee ámbito de incumbencia específico dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Gobierno Nacional no puede desconocer el status jurídico de “Ciudad-Capital” de la República. En clara violación a la ley el Poder Ejecutivo Nacional amenaza, una vez más, con retirar efectivos de la Policía Federal de los lugares donde hasta hoy presentaban servicio con la intención de reservarlos para tareas de inteligencia criminal vinculada a delitos complejos y crimen organizado. Desconoce, de este modo el Estado Nacional, su obligación primaria, irrenunciable e indelegable, cual es, la de brindar el servicio público esencial de Seguridad a los ciudadanos de la Capital mientras la Ciudad se constituya en sede de la Capital de la República Argentina y hasta tanto, no se haya completado el proceso de transferencia de las fuerzas policiales o se hubiere conformado una policía propia, tal como quedó establecido en la denominada Ley Cafiero.
La Policía Metropolitana no cuenta hoy con un Plan de Proyección Territorial. Peor aún, no hay hasta el momento ningún tipo de acuerdo o señal de diálogo con el Gobierno Nacional para cubrir paulatinamente las funciones de los agentes federales en las Comunas en conflicto: Comunas 4; 12 y 15, respectivamente. Ni acuerdo alguno sobre el procedimiento para llevarlo acabo, en forma paulatina, pautada, perjudicando con este accionar irresponsable a la ciudadanía porteña que es tomada de rehén por las rencillas políticas entre ambos bandos. El despliegue territorial de la Policía Metropolitana hoy establecido en sólo 3 Comunas, de ningún modo puede responder a decisiones arbitrarias del Ministro de Seguridad ni del Jefe de Gobierno, y deberá priorizar las necesidades de los vecinos en coordinación efectiva con la Policía Federal.
Profesionalización de la policía Metropolitana
“A este paso, se requerirá de un lustro o más para que la Policía Metropolitana pueda brindar Seguridad”. Para brindar Seguridad la Policía Metropolitana deberá duplicar la cantidad de agentes nuevos que ingresan a anualmente, destinando más presupuesto al Instituto Superior de Seguridad Pública. Creado por la ley 2895, el Instituto Superior de Seguridad Pública depende en forma directa del Ministro de Seguridad Montenegro. Será preciso dotarlo de mayores capacidades para asegurar celeridad en los procesos de formación, capacitación y graduación de los futuros agentes. Actualmente se incorporan en sus filas alrededor de 1000 efectivos por año. Para 2015, sobre un total de 11 mil inscriptos se prevé incorporar sólo 500 aspirantes. A este paso, se requerirá entre 10 y 12 años de plazo para cubrir con agentes metropolitanos el territorio porteño. Mientras tanto, la Ciudad crea nichos de inseguridad, de desprotección y vacío estatal, espacios propicios para el delito de origen local y del área metropolitana.
Si la Policía Metropolitana desea cumplir su misión deberá duplicar sus esfuerzos para incorporar mayor número de aspirantes a la Fuerza. La capacitación y entrenamientos varían según sean los agentes procedentes o no de otras Fuerzas de Seguridad, rigiendo un plazo de 45 días de capacitación para los oriundos de otras fuerzas y un 1 año calendario para quienes no poseen experiencia alguna.
Asegurar los procesos democratizadores.
La urgencia de dotación de personal, no implica descuidar el proceso democratizador dentro de la Institución. Es prioritario asegurar la transparencia en el proceso de selección del personal que ingresa a la Policía Metropolitana. La democratización implica la paulatina disminución del personal proveniente de las Fuerzas Armadas que revistan hoy en sus filas que en muchos casos, se encuentran ligados a procesos de exoneración de las fuerzas de origen.
Además, es preciso avanzar en la especificación de los procedimientos y sistemas de méritos para establecer los mecanismos de ascensos; así como en la implementación de las evaluaciones permanentes que deben tener todos los agentes de la fuerza logrando un paso más en la transparencia y eficiencia policial.
Entendemos que las políticas de seguridad deben estar dirigidas principalmente a la prevención y su abordaje debe hacerse desde una acción multi-agencial. La ausencia de diálogo no hace más que denotar la falta de Política de Estado en un tema tan sensible para la opinión pública: el resguardo de la paz, la vida, los bienes y la libertad de los porteños y porteñas.