El Programa de Acceso Comunitario a la Justicia se saltea un paso importante para la pacificación: no saca a los narcos de las villas. En las grandes ciudades de nuestro continente, la relación existente entre los asentamientos precarios y el delito no es un vínculo azaroso. Las acciones delictivas no son conductas erráticas y esporádicas, sino más bien la nueva forma de “legalidad” que se impone en estos territorios. Liberarlos de los grupos narcos es el equivalente a derrocar un régimen de gobierno, en este caso el gobierno de los delincuentes.
Cualquier intento de acercar a los ciudadanos con las instituciones que omita este aspecto del problema se va a quedar a mitad de camino. Podrá servir como una contención momentánea del conflicto, como un enfermo puede apaciguar los dolores que son síntomas de una enfermedad sin atacar a la enfermedad en sí, pero no puede de ningún modo suponer su resolución.
El delito está enquistado en las villas y tiene capacidad de gestión. Administra, en muchos casos, la vida y los recursos de las comunidades villeras. Todos parecen acostumbrados a hablar de la ausencia de Estado pero somos pocos los que decimos que donde algo falta las comunidades encuentran con qué reemplazarlo. No se puede devolver el Estado a las villas sin sacar antes a los narcos, que son los que en distintas porciones de nuestro territorio asumieron las responsabilidades estatales delegadas.
La tarea de pacificación es tan difícil como necesaria y requiere atender todas las aristas del problema, no solo las que son más oportunas para una gestión u otra. De lo contrario tenemos solo más parches. La Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires que presentaremos junto al Instituto de Políticas de Pacificación (IPP) plantea los pasos a seguir para tener una ciudad sin villas y sin parches.