Argentina es vanguardia en derechos laborales, con un sindicalismo fuerte, organizado y solidario; por eso no podemos retroceder.
Estamos de acuerdo con un blanqueo laboral, reconociendo a cada trabajador su respectivo convenio en igualdad de derechos y condiciones que sus pares, y aceptamos perdonar a empleadores que incumplieron sus obligaciones, para que regularicen y contraten nuevo personal.
También acompañamos la capacitación laboral continua dentro de convenio, porque el cambio y la tecnología obligan a actualizarnos para asegurar puesto de trabajo y crecimiento. Incluso sirven las pasantías –de no más de un semestre– para que el trabajador gane experiencia y luego alcance la competencia laboral que los sindicatos certificamos junto al Ministerio de Trabajo.
Fraccionar vacaciones en diferentes épocas del año no será problema para quienes posean más de 20 días anuales de descanso; y hasta las embarazadas querrán trabajar si el ambiente es saludable. Hay que reducir ausentismo.
Sin embargo, ninguna mejora puede partir de eliminar derechos consagrados en las leyes de convenios 14.250, de contratos 20.744 o de asociaciones 23.551, que son el piso del derecho laboral argentino.
No se puede reducir la indemnización, ni convalidar la tercerización de servicios esenciales como salud, transporte, educación o gastronomía, ya que promueven el trabajo en negro que se quiere combatir.
Libertad sindical
Se quiere “borrar” de un plumazo asociaciones sindicales jóvenes, que son justamente más protectoras del trabajador y menos cuestionadas por su comportamiento, sin notar que así alimentarán las “mafias” y la “industria del juicio”. Beneficiados con esta medida, los “gordos” (gremios con muchos afiliados) acumularán más poder para seguir abusando.
A pesar del discurso longevo de algunos, el modelo sindical argentino comprende gremios de actividad y profesión, jóvenes e históricos (artículo 1 ley 23351/88), por lo que restringir la inscripción de nuevos gremios o cerrar los constituidos es contrario a la ley y a la Organización Internacional del Trabajo – OIT.
En Argentina hay 3.263 gremios (1.640 con personería y 1.623 con simple inscripción). Algunos consideran que son muchos, desconociendo que existen 4.102 asociaciones empresarias registradas.
Se dice livianamente que inscribir un gremio es simple, pero implica un largo camino lleno de obstáculos que incluyen aprobar asambleas, elegir autoridades, redactar estatuto, afiliar 20 por ciento de los trabajadores a representar, cotejar con los sindicatos preexistentes (que se encargan de “dinamitar” el trámite) y lidiar con la arbitrariedad del funcionario, quien, a pesar de recibir el expediente con todos los requisitos cumplidos, decide con el “dedo de Nerón” la suerte de la asociación.
El trámite demora cuatro años promedio y los trabajadores que deciden constituir su asociación temen “ahogarse en medio del río” y perder su empleo, porque el empleador intentará aniquilar su intención de agremiarse.
Así y todo, el Ministerio no autoriza nuevos gremios, ni firma expedientes vitales desde diciembre 2015, incumpliendo los deberes de funcionario público.
¿Cuál es el problema que coexistan varias asociaciones? ¿Acaso el empresario puede afiliarse libremente a la cámara que desee, pero el trabajador no?
Que existan irregularidades no es escusa para impedir la constitución o ampliación de un sindicato. Si se detecta que un gremio no presenta balances, no elige autoridades o es un “sello de goma” sin afiliados, el procedimiento marca suspender o quitar el permiso otorgado. No hay necesidad de cambiar la ley.
Es un disparate decir que “solo 700 sindicatos ´sirven´ porque firman paritarias”, puesto que para firmar paritarias se debe tener convenio colectivo, y para este se requiere de personería, y para esta se debe poseer inscripción gremial. Es obvio que todo sindicato desea paritar, pero si la autoridad no firma los trámites, resulta imposible.
Futuro
Con todos sus defectos, el sindicalismo argentino es virtuoso, solidario y el único presente cuando el trabajador necesita; sin embargo, hay funcionaros que pretenden quitar derechos consagrados hace medio siglo. Se equivocan.
Por suerte, la CGT pronto elegirá un único secretario general, apartidario, con dedicación exclusiva a promover políticas laborales y defender el piso legal obtenido.
Y asoma un nuevo sindicalismo, que incluye no solo a obreros y administrativos, sino también a profesionales con funciones diferenciales e iguales derechos laborales.
(*) Secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos – SAFYB Secretario de Salud y Previsión de las 62 Organizaciones Peronistas