“La cantidad de policías alrededor del Congreso fue un exceso y una provocación”. Pocas frases podrían definir mejor la singular manera que tiene una parte de los argentinos de entender el orden público. Esto es así porque, salvo para aquellos que tuvieran la intención de delinquir, o de alentar el desorden para obtener un rédito político, la presencia masiva de fuerzas de seguridad alrededor de un edificio público difícilmente podría constituir una amenaza o provocación para alguien. Por el contrario, la numerosa cantidad de efectivos de seguridad dispuesta el jueves pasado debería haber sido percibida como una señal de tranquilidad para la ciudadanía, para los manifestantes pacíficos y para los representantes del pueblo presentes en el Parlamento.Sin embargo aquí se sigue discutiendo lo que en cualquier país encontraría un consenso generalizado.
Es por demás evidente que hay sectores –minoritarios- que por motivaciones políticas o ideológicas actúan de manera violenta y especulan con el caos. En este sentido no resulta nada llamativo que en los últimos días se hayan escuchado frases tan insostenibles como la referida en el párrafo anterior. Al respecto cabe destacar: el hecho que esa afirmación no resulte sorpresiva, de ninguna manera le quita gravedad. Que dirigentes y legisladores actúen y se expresen como lo hicieron el kirchnerismo y la izquierda el jueves pasado, da cuenta de que la violencia sigue siendo un rasgo presente en nuestra cultura política y que tiene arraigo en sectores de la población, a la luz de lo observado tanto dentro como fuera del Congreso.
Por lo tanto, de esos sectores en particular, eran esperables tanto los hechos de violencia que protagonizaron e incentivaron, como sus excéntricas afirmaciones respecto a esos hechos.Basta recordar que sus referentes y muchos de sus seguidores,con total descaro, frecuentemente se autodefinen como los “herederos de la generación y la lucha de los setenta”. Nada que agregar al respecto.
Lo que sí llama la atención,y amerita otro análisis, es que las condenas al operativo de seguridad y al accionar policial del jueves, estén proviniendo también de actores presumiblemente racionales,representativos tanto del sistema político como de la opinión pública en general. Y aunque esto no es nuevo, resulta difícil entender esa posición de muchos exponentes políticos, intelectuales,referentes de medios y ciudadanos independientes de identificación partidaria,respecto al orden y la seguridad pública.
Al respecto, representa todo un desafío desentrañar la lógica de pensamiento de quienes consideran que las fuerzas policiales deben tolerar inmóviles una lluvia de piedras y bombas molotov. ¿Cabe escandalizarse porque se utilicen disparos de estruendo, gas pimienta o balas de goma para responder ataques de esa dimensión?La impresión es que subyace una ingenuidad mayúscula y una visión irresponsable respecto al tema. Y se evalúa como si hubiera dos bandos equivalentes en disputa, cuando claramente lo que se enfrenta es la fuerza de la ley contra el delito.
Todavía hay quienes ven como un mal en sí mismo la palabra represión, siendo que es una figura legal prevista en las normas de actuación de las fuerzas policiales. Más aún, actuar en forma coercitiva frente al delito flagrante constituye un mandato de las fuerzas. Y ello muchas veces supone el uso de la violencia legal y legítima(que por supuesto debe estar ajustada a criterios de progresividad y proporcionalidad). Seguramente, habrá margen para analizar acciones específicas, y eventuales sanciones. Pero no parece haber margen para discutir la acción general. Pareciera que no se dimensiona el daño que hubiera representado para el país que los violentos hubieran consumado su intento de ingresar al Congreso.
El tenor de los hechos ocurridosresulta incontrastable. El intento deliberado y violento perpetrado por cientos de manifestantes encapuchados y con palos que, entremezclados en la multitud, atacaron el cordón policial con el objetivo de avanzar sobre una institución de la República, configuró un hecho delictivo susceptible de ser reprimido y penado por la ley. Al igual que los hechos vandálicos contra bienes públicos, el incendio de automóviles y los saqueos a comercios que ocurrieron en paralelo. La respuesta policial estuvo por demás justificada. Doce de los treinta heridos correspondieron a las fuerzas de seguridad. Y que haya habido instigación y participación directa de diputados de la Nación en esos hechos delictivos, le agrega una gravedad inquietante al asunto.
Por supuesto, nada de lo antedicho supone tener una mirada inocente respecto al pasado y al presente de las fuerzas policiales, que claramente no están exentas del proceso de degradación institucional que ha sufrido nuestro país durante décadas. Es más, el proceso de depuración, profesionalización y modernización de las mismas es un desafío en curso y complejo.
Pero pareciera ser que lo que en el fondo está en discusión no es la actuación de las fuerzas de seguridad, sino la idea misma de la ley, el orden y la autoridad. A tal punto caló hondo la visión “progresista” que predominó en los últimos años.
Que una cuestión tan básica, como lo es la prerrogativa del Estado de ejercer el monopolio del orden público, sea materia de discusión en Argentina, pone en evidencia la inmadurez de nuestra democracia. Ningún país civilizado prospera en el caos. Sin embargo en el nuestro se ha naturalizadola extorsión cotidiana de piqueteros, “cuida coches” y barrabravas, consolidadosde manera impune al amparo de una década en la que se los promovió y exaltó desde el gobierno. Hoy, los exponentes de aquel gobierno, al haber perdido el poder a través de las urnas, dan indicios de querer recuperarlo a través de la calle.
Resulta curioso y preocupante que una parte significativa de la sociedad, que no se siente representada por esas ideas políticas antidemocráticas, sea tan condescendiente y funcional a ellas. Al menos eso se desprende de miradas tan triviales e insensatas respecto al valor del orden público.