En la película “El huevo de la serpiente”, el famoso director sueco Ingmar Bergman empleó esa poderosa imagen para explicar cómo diez años antes ya se podía vislumbrar la toma del poder por los nazis en numerosos datos de la realidad; de la misma manera en que a través de la cáscara traslúcida de un huevo de serpiente se distingue la gestación del reptil en su interior.
Cuando ganó las elecciones, la dupla Milei-Villarruel empezó a sembrar nuevos huevos para ir incubando el retorno a un nostálgico régimen represivo que en estos 40 años hemos derrotado con luchas. Comenzaron por negar que hubo 30.000 desaparecidos, atacaron a los organismos de los derechos humanos, disolvieron la Comisión Nacional por el Derecho a la identidad (CONADI) que se ocupaba de la búsqueda de alrededor de 450 bebés robados durante la dictadura, de los cuales aun se encuentran de 300 sin recuperarse. Desmantelaron los sitios de la memoria y despidieron a sus trabajadores. Impusieron un protocolo anti-piquetes para impedir la protesta callejera de los millones de desocupados. Difamaron y armaron causas para inculpar a dirigentes de movimientos sociales.
La visita a genocidas al penal de Ezeiza el 11 de julio por parte de 6 diputados de la Libertad Avanza (LLA), fue parte de un operativo de preparación de la opinión pública para reflotar el viejo proyecto de indultar a los condenados por crímenes de lesa humanidad. Los legisladores Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo, mantuvieron un encuentro con Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Mario Marcotti, Juan Carlos Sarmiento, Honorio Martinez Ruiz, Marcelo Cinto Courtaux, Carlos Suarez Mason, Antonio Pernías, Adolfo Donda, Gerardo Arraez y Raúl Guglielminetti, entre otros genocidas. Benedit, diputado por Entre Ríos, llegó a decir que se liberaría a estos militares que cometieron asesinatos, torturaron, violaron mujeres, robaron bebés, se apropiaron de bienes de los desaparecidos. Los pocos que fueron condenados, aunque tardíamente, lo fueronL por la tarea incansable de los organismos de Derechos Humanos, de familiares y sobrevivientes de la dictadura. Tuvieron que luchar contra las leyes de Obediencia debida y el Punto final de Alfonsín, el indulto de Menem, el 2×1 de Macri. Las recientes revelaciones de la diputada Arrieta dan cuenta de que existe hasta un proyecto de ley para indultarlos que conoce la cúpula de la LLA.
La reacción de repudio a este acto bochornoso fue contundente. Los organismos de los Derechos Humanos, los familiares de las víctimas de la dictadura, medios de prensa no sospechados de ser de izquierda, expresaron el rechazo que empezó a gestarse en la opinión pública. Hasta la Conferencia Episcopal tomó distancia del sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo de un militar represor y considerado el gestor de la visita; el obispo de Zárate-Campana no le renovó su permiso de residencia debiendo regresar a su diócesis de origen en Mendoza. Tan grande fue el revuelo que los diputados que fueron a Ezeiza no pudieron justificar su acto. Algunos a decir que fueron engañados.
La moción del bloque del FITU de repudio a esta visita en sesión de la Cámara de diputados de la naci{on se perdió por un voto. Luego de varias maniobras dilatorias, se trató en una comisión de esa cámara los proyectos que reclaman la condena de este acto inaceptable. El bloque de Unidosxlapatria pidió la expulsión de los diputados visitantes. El bloque de diputados del Frente de Izquierda pidió que se formara una comisión investigadora de lo ocurrido, y que se autorizara la participación en la misma a los familiares querellantes de las causas contra los genocidas. Se reclamó investigar la responsabilidad del presidente de la cámara de diputados, Martín Menem, integrante del bloque de LLA ya que viajaron en una combi oficial del conagreso, del propio gobierno nacional dado que según una de las diputadas la ministra Bullrich estuvo al corriente de la visita. La invesigación requiere también se pide explicaciones por el tratamiento preferencial que el servicio penitenciario que depende de es ministra dio a esta visita. Cuando los diputados de izquierda visitan a presos por protestas sociales en las cárceles son requisados sin excepción, pero los de la LLA entraron sin revisación, con celulares y tuvieron la desfachatez de sacarse fotos rodeados de los condenados. Una prueba de la impunidad de la que creían gozar para un verdadero acto político frente a la opinión pública.
Casi al mismo tiempo que se planeó esta visita, el Ejecutivo envió al Congreso dos proyectos. Uno para modificar la ley de Seguridad interna y permitir la participación de las Fuerzas Armadas en la represión a la protesta social, bajo la excusa de que serían actos terroristas. Bajo ese título quiso encuadrarse la protesta del 12 de junio a la sanción de la ley bases y se pretende juzgar a las personas detenidas y procesadas hasta hoy. Más grave aún, el proyecto se fundamenta en un diagnóstico de la OTAN sobre el peligro del terrorismo internacional, siendo que no pertenecemos a esa alianza y que de ella forma parte el imperio británico que ocupa nuestro territorio en Malvinas y aspira a apropiarse de la Antártida.
El otro fue el decreto que buscaba aprobación en el Congreso por el que se destinarían $100.000.000.000 de fondos reservados al recreado Servicio de Inteligencia del Estado SIDE para controlar y espiar desde el ejecutivo al activismo gremial, los movimientos sociales, de la juventud y de las mujeres, a la izquierda y, aun, a las personalidades y partidos tradicionales de oposición. El espionaje es la otra herramienta que acompaña a la represión.
La derrota del gobierno con la votación contraria a este DNU en diputados el 21 de agosto y los cuestionamientos a la visita a los genocidas han enfriado la maduración del nuevo huevo de la serpiente. La movilización popular en repudio a la dictadura militar, renovada cada 24 de marzo, conquistó las libertades democráticas que poseemos. Ese movimiento extendió conciencia social sobre la importancia de que los crímenes de lesa humanidad no vuelvan a ocurrir en nuestro país. Incluso desde las escuelas se enseña a respetar a los derechos humanos y a condenar los crímenes de la dictadura, cuestión que quiere cortar el gobierno de la LLA con su llamada batalla cultural por imponer control ideológico y reivindicar las prácticas de ultraderecha. Todo esto entorpece la instalación del nuevo tipo de régimen político, represivo, antidemocrático que requiere este gobierno para imponer sus planes económicos de entrega a los grandes capitales extranjeros y ajuste a la población trabajadora. 40 años después, renace en las nuevas generaciones el respeto por quienes lucharon y continúan, los movimientos por los derechos humanos: Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas, Hijos, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Serpaj, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y muchos otros. El peligro, sin embargo, continúa. Villarruel desafía con una nuevo ofensa al movimiento de los derechos humanos. El 27 de agosto organizó un homenaje a los militares genocidas en el Congreso que merece total repudio.
Seguiremos luchando, por memoria, verdad y la justicia, por la apertura de los archivos, por la restitución de la identidad a los 300 bebés robados, contra la impunidad y por cárcel a todos los genocidas, ningún indulto.
Laura Marrone fue presa política durante 3 años bajo la dictadura militar. Testigo en la causa de la Perla en Córdoba por la desaparición del nieto de Sonia Torres. Ex legisladodra en CABA por Izquierda Socialista en el FITU.