¿Puede volver a pasar? El contagioso e inédito reclamo policial, que terminó con las tremendas imágenes de los saqueos y cierta sensación de fin del mundo, anticiparon el fin de año. Ocurrieron hace menos de un mes y afectaron al menos a 20 de las 24 provincias del país. Para los comerciantes dejaron pérdidas por cientos de millones de pesos. El germen se manifestó en Córdoba, tierra del ahora opositor José de la Sota, y el Gobierno tuvo 48 horas de vacilación y especulación que terminaron por introducirlo en el peor conflicto social callejero desde que los Kirchner desembarcaron en Balcarce 50. El caos se encaminó básicamente con anuncios salariales contundentes, casi mágicos. De tan beneficiosos, con pronóstico reservado. Por estas dudas sobre las promesas a los agentes de seguridad y porque nada del resto parece haber cambiado, al menos para mejor, cabe preguntarse si las imágenes del todos contra todos puede repetirse o fueron, apenas, un sofocón de verano.
Cuando aún ni siquiera empezaron a pagarse las mejoras anunciadas a los policías, los gobernadores que las prometieron levantaron la mano para hacer aclaraciones. En Chaco, el vice a cargo del poder por el corrimiento del actual jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, avisó que los 8.000 pesos de básico que anunció en el fragor de la pelea en realidad serán 6.000. “Cualquier acuerdo firmado bajo presión de armas es nulo”, justificó como si nada. ¿Qué opinarán los policías chaqueños que protestaron y se fueron a sus casas sacando cuentas con un sueldo superior?
Casi desde que se firmó el primer acuerdo con los policías de las provincias el escenario se encaminaba a un nuevo conflicto, en este caso económico. En 2013, y ya lo habían hecho en 2012, casi todos los distritos del interior aplicaron fuertes ajustes en impuestos y ni siquiera así lograron cerrar el año con las cuentas en orden. El déficit rondaría los 10.000 millones de pesos, un número similar al que, como mínimo, insumiría a las provincias el aumento a las fuerzas de seguridad.
Los gobernadores no tienen idea de dónde van a sacar la plata. Las alternativas clásicas empezaron a agotarse: la Nación, habitual prestador, ya avisó que cada gestión debe hacerse cargo de conseguir los fondos. Lo que concedió hasta ahora Cristina, en boca de Capitanich, es menos que una aspirina: refinanciar por tres meses las deudas que las provincias tienen con el poder central. Los mandatarios locales ya venían reclamando patear sus obligaciones antes de que se desatara el caos. Y por más tiempo. En conclusión, hoy están con más gastos por delante y con menos plazos de condonación de los que esperaban.
Con este panorama fiscal en las provincias, más preguntas: ¿los gobernadores podrán pagar las subas salariales que usaron como remedio para desactivar las protestas policiales? Si no lo pueden hacer, ¿los policías acatarán mansos el retraso?
Tampoco parece del todo despejado, ni mucho menos, el escenario económico y social que también pudo haber incidido en la voracidad de los saqueos, más allá de ciertas imágenes que mostraban a bandas de delincuentes con sus necesidades básicas bien satisfechas. La mayoría de los analistas e incluso los políticos con aspiraciones nacionales se preguntan más cómo moderar la caída que cómo puede ser el repunte. Con la inflación galopando y el Gobierno recurriendo por ahora a las recetas fracasadas de Guillermo Moreno, nadie espera un freno en serio en las subas de precios. Por eso, aun cuando los reclamos salariales que irán sumándose en cadena cierren más cerca del techo que del piso, será difícil impedir un nuevo sacudón real al poder adquisitivo de la gente. En qué puede derivar ese hipotético malestar general, con un gobierno de salida, es el interrogante de fondo.