En la sesión del jueves 2 de noviembre, la Legislatura aprobó con 32 votos -sólo del oficialismo- la prórroga por 1 año del contrato con Metrovías y el llamado a una nueva licitación para concesionar el servicio de operación del Subterráneo por 15 años.
Desde Evolución habíamos presentado nuestro propio proyecto proponiendo que la administración del servicio vuelva a estar en manos del Estado (a través de SBASE – Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado), como sucedió desde que la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollar su servicio de transporte subterráneo en el año 1913, hasta la concesión del menemismo en 1993. Por cierto, la gestión del Subterráneo de Buenos Aires había sido modelo para muchas otras Ciudades del mundo.
Se trataba de una gran oportunidad para debatir en profundidad la articulación entre las necesidades de los usuarios, del transporte público y la planificación urbana del desarrollo de la Ciudad. Pensamos que las razones que justifican que la operación vuelva a SBASE tienen que ver con la necesidad de unificar las decisiones de operación, mantenimiento y las obras de ampliación; con el hecho de que las operaciones de los subtes más importantes del mundo se encuentran en manos del Estado -a través de distintos formatos de sociedades, entes y consorcios público/privados- por su importancia estratégica como medio de transporte público masivo; por las dificultades para los privados para operar en un escenario cambiante como el argentino: y por la vocación de trabajar por la expansión de la red.
Metrovías S.A. fue constituida el 29 de diciembre de 1993 y asumió la operación de Subterráneos de Buenos Aires, el Premetro y el Ferrocarril General Urquiza desde el 1 de Enero de 1994, en forma exclusiva, hasta el 31 de diciembre de 2017. La concesión reviste el carácter de “Concesión de Servicio Público”, incluyendo también la facultad de explotación comercial de locales, espacios y publicidad en las estaciones, coches e inmuebles comprendidos dentro de ésta.
El 3 de enero de 2012, el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad, suscribieron un Acta Acuerdo acerca de la transferencia de la Concesión correspondiente a la Red de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires en la cual el Gobierno de la Ciudad asumió el control y fiscalización del Contrato de Concesión y la potestad de fijar las tarifas del servicio. El 28 de marzo del mismo año, a través de la Ley N° 26.740 el Congreso Nacional ratificó la transferencia. Recién el 19 de diciembre, a través de la Ley N° 4.472, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso: (i) que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumía el servicio público del transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo que se encontraban exclusivamente en su jurisdicción y las nuevas líneas o expansiones de líneas existentes, (ii) que dicho servicio es un servicio público, (iii) que el servicio público se encontraba en emergencia, (iv) dotar de instrumentos legales para la operación del servicio público, (v) convocar en forma inmediata a la entrada en vigencia de la Ley, a Metrovías S.A. y/o su controlante con el fin de celebrar un acuerdo dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir de la notificación de la convocatoria, prorrogable por un período de treinta (30) días a discreción del Poder Ejecutivo, y (vi) la creación de un fondo para el mantenimiento e inversión con el cual el Gobierno de la Ciudad se va a financiar.
Metrovías y SBASE firmaron en 2013 el Acuerdo de Operación y Mantenimiento (AOM) del Servicio Público de la Red de Subterráneos, donde SBASE otorgó a Metrovías, en forma exclusiva, la operación y el mantenimiento del Servicio Público de Subterráneos y Premetro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El plazo de dicha AOM originaria se estableció por un plazo inicial máximo de dos (2) años y podrá ser prorrogado por SBASE sin que la duración total del AOM pueda exceder la vigencia del período de emergencia. El 26 de febrero de 2016 mediante una adenda modificatoria se extendió la duración del AOM hasta el 31 de diciembre de 2017, haciendo coincidir el fin de la misma con el fin de la emergencia del servicio público.
A esa situación llegamos con la necesidad de prorrogar la concesión y lanzar la nueva licitación, con un procedimiento que fue denunciado durante la sesión del Jueves por incumplimiento de los artículos 82 y 89 de la Constitución de la Ciudad, ya que sería necesario respetar los procedimientos de mayoría agravada, por cuanto afectaría inmuebles de la Ciudad por más de cinco años, y doble lectura, porque supone la constitución de derechos sobre el dominio público de la Ciudad
En definitiva, el oficialismo propone mantener el statu quo y una política que no priorizó la inversión en subterráneos durante 10 años y presenta limitadas mejoras en la prestación del servicio. Para Evolución, la necesidad de revisar la operación(en términos de frecuencia, horarios de prestación, accesibilidad, condiciones de viaje, etc.) y sobre todo la necesidad invertir estratégicamente en la mejora y ampliación de la red (nuevas líneas, coches, sistemas de señalamiento, talleres) era una oportunidad que debía ser debatida y asumida como la política más importante en materia de movilidad urbana, una política de Estado.