Con este protocolo, el Gobierno de la Ciudad vuelve a desconocer los mecanismos legales vigentes, no respeta las mesas de negociación ni a los actores implicados y nuevamente sale con un protocolo trucho, que criminaliza la protesta de los y las estudiantes. Los estudiantes tienen derecho a manifestarse y toda la comunidad educativa debe participar de una decisión como la de este protocolo.
Es inadmisible esta medida inconsulta, que se enmarca en la política de mano dura que está llevando adelante el Gobierno en todos los ámbitos.
Este protocolo resulta sumamente preocupante, ya que se corre el riesgo de vulnerar derechos de los adolescentes en situaciones de protestas y reclamos estudiantiles. Sería regresivo en términos de derechos, ya que vuelve a un modelo paternalista y tutelar que responsabiliza a padres o tutores de las acciones que llevan adelante los y las estudiantes como colectivo legítimamente organizado, que están amparados, a su vez, por toda la legislación vigente, que incluye tanto leyes locales como nacionales e internacionales.