El tránsito en la Ciudad de Buenos Aires es objeto de permanente atención. Sin embargo, pareciera no haber forma de limitar el impacto negativo que en nuestras vidas genera el caos en que pareciera que vivimos quienes circulamos por la ciudad. Piquetes, accidentes, trabajos de las empresas de servicios, obras viales. Todo parece conspirar para hacer de las calles de Buenos Aires un laberinto imposible de ser sorteado exitosamente, sin dejar en el camino infinidad de tiempo, energía y salud mental.
¿Qué se puede hacer para limitar el impacto negativo de este fenómeno que afecta la cotidianeidad, nuestra calidad de vida, la productividad del trabajo?
Como legisladores es nuestra obligación brindarle al poder ejecutivo herramientas para poder solucionar o, por lo menos, comenzar a solucionar esta cuestión. Por ello, es que presentamos a principios del presente año un proyecto de ley de reforma del código de transporte para establecer un protocolo mínimo de ordenamiento de la circulación de vehículos para el caso de cortes de tránsito ocasionados por obras.
Adoptar un cuerpo normativo en este sentido no es en realidad una idea original. Las grandes metrópolis del mundo lo tienen. La misma provincia de Buenos Aires lo tiene. ¿Por qué, entonces, dejamos casi librado a la buena voluntad de las empresas o de los funcionarios que deciden un corte en la circulación disponer de las medidas que reduzcan el impacto de las obras?, ¿Por qué hemos de dejar que en nuestro código de transporte, se mencione esta contingencia en un solo artículo sin profundizar en especificaciones que permitan disponer de medidas obligatorias que comprometan a quienes obstaculizan el tránsito a asumir la responsabilidad por las consecuencias de sus operaciones en la vía pública?
La norma propuesta, en consecuencia, establecería una clasificación de las obras según el impacto que importen en el flujo vehicular, así como la obligación de informar a vecinos y transeúntes de planificar sobre duración de las obras, de planificar alternativas de circulación frente a la alteración del flujo vehicular, de disponer de los medios de señalización adecuados según la normativa vigente.
Evidentemente, esta norma no solucionaría más que el impacto generado al tránsito por parte de las obras en la vía pública. Para las otras causas que generan el caos citadino hacen falta otras políticas. Pero, es claro que al caos se lo combate con planificación. Comencemos, entonces, por ordenar aquello que es fácil de ordenar.