Tal como anticipamos en el dictamen de minoría del PRO, la mencionada reforma del Consejo de la Magistratura se propone echar por tierra la idea de un Poder Judicial independiente.
El punto de partida para el análisis de cualquier reforma del Poder Judicial consiste en examinar si las medidas propuestas apuntan a fortalecer el principio esencial de la división de poderes y eso es algo que claramente no se cumple con los cambios que se pretenden introducir en el Consejo de la Magistratura con la elección del voto popular de todos sus miembros.
Celebramos un fallo que sale en tiempo y forma para intentar poner fin a un asunto que ha ensombrecido a nuestra Constitución y ha enfrentando a tantos argentinos. La sentencia no es otra cosa que la interpretación de la ley que es justamente lo que reclamábamos una y otra vez en el recinto desde nuestras bancas. El oficialismo debería reconocer su embestida contra la Constitución y pedir perdón.
La sentencia descarta la posibilidad de elección popular tanto de los jueces y los abogados como para los académicos y científicos, ya que no sólo les impide elegir entre sus pares a quienes los van a representar, sino que además en el último caso, se elimina cualquier sustento cualitativo que pudiera haber en el proceso de selección respecto a la calidad o excelencia educativa y profesional del candidato por ese estamento.
En definitiva nos alegra que la Jueza de primera instancia ratifique con sensatez aquello que venimos anunciando desde que se empezó a mencionar en el Congreso la posibilidad de implementar esta reforma. La introducción de la política y el Poder Ejecutivo dentro del Poder Judicial va de la mano de la desnaturalización de las instituciones que venimos viviendo en este último tiempo y no es otra cosa que corrupción.