A veces, el accionar de algunos jueces y camaristas es incomprensible cuando su tratamiento hacia las víctimas de la represión policial se desvía peligrosamente hacia la negación del derecho, al contrario de su defensa sin fisuras de los uniformados que apalean al público.
Un caso que será emblemático en relación a esta actitud es lo ocurrido con los trabajadores, médicos, pacientes, legisladores y periodistas que el 27 de abril de 2013 sufrieron un insólito e injustificado apaleamiento por parte de los policías metropolitanos, que incluyeron el uso de escopetas, garrotes y aerosoles que lanzaban gases que paralizaban la respiración y afectaba los ojos y mucosas.
La brutalidad del ataque no fue ni siquiera tenida en cuenta por un juez, que desprocesó a los funcionarios y policías encargados de la represión -en ese ventajoso estado
revistan ahora Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Guillermo Montenegro, Daniel Chain, Graciela Reybaud y al jefe y subjefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez y Ricardo Pedace-, ya que consideraron que “no existen elementos mínimos objetivos ciertos concretos y directos que conlleven a atribuirles algún tipo de participación criminal en lo ocurrido en el predio”. Hubiera bastado que el magistrado mirara los sucesos por televisión, para a adjudicarles a los simpáticos muchachones de la Metropolitana una larga serie de infracciones y delitos.
En cambio, el procesamiento del policía metropolitano Martín Roth, que fue visto disparando su arma contra los que estaban reunidos en el lugar, pareció en este contexto una salida consensuada con las autoridades, que lo aceptaron como chivo expiatorio, a cambio de la salvación de otros descontrolados uniformados, que disparaban contra todo lo que se movía y golpeaban a mansalva a cuantos estaban en el predio.
Los seis procesados, de todos modos, expondrán el próximo cuatro de abril -en un gesto de magnanimidad, se les concedieron diez minutos a cada uno- ante los magistrados de la Sala IV de la Cámara del Crimen Mariano González Palazzo, Alberto González y Alberto Seijas los argumentos de su apelación a los procesamientos que dispuso contra ellos el juez Jorge Adolfo López.
Esta doble vara con la que se mide a víctimas y victimarios puede ser un arma también de doble filo. Tanta permisividad suele ser el caldo de cultivo de las policías bravas, que en nada se parecen a aquellas que combaten al delito. Éstas, más bien, suelen ser las que protegen al poder antes que a los ciudadanos.
Un destino que difícilmente acepte la democracia para sus fuerzas de seguridad, aunque algunos funcionarios consideren que de vez en cuando viene bien un poco de mano dura, “para que el conflicto social no se desmadre”.