Allá por abril de 2016 cuando se empezaba a vislumbrar un nuevo esquema para créditos hipotecarios en el país y se conoció la modalidad con la que lo iban a implementar me preguntaba si era ¿UVI/UVA o nueva 1050?. Analizando el esquema como un compartimento estanco no debería ser malo, para un país con niveles de inflación normal a nivel mundial -4 o 5% anual- pero en nuestro país donde poseemos un promedio en los últimos 30 o 40 años cercano al 35% anual es perverso colocar un sistema que actualiza las cuotas y el capital por inflación -sea Indice de la Construcción el UVI o Precios al Consumidor el UVA- más una tasa de interés. Lo perverso del sistema se agrava aún más cuando las paritarias de todos los trabajadores en blanco terminaron siendo en el mejor de los casos del 70% del nivel de inflación: por ejemplo, los trabajadores de la sanidad entre 2016 y 2019 mejoraron sus salarios en 220% mientras que la inflación acumulada del mismo período fue del 300%. Por lo tanto, hubo quienes en 2016 sacaron créditos hipotecarios por $ 2 millones y pagaban cuotas de $18.000 mensuales y hoy deben un capital cercano a los $ 6.5 millones y tienen cuotas cercanas a los $55.000 incluso pagando todas las cuotas, eso quiere decir que muchos de ellos están cayendo o ya cayeron en la indigencia por la cultura propia de nuestros antepasados de privilegiar el techo y la comida de sus familias ante el resto casi sin llegar a poder cubrir esto último.
En forma posterior al período en cuestión y ya con la pandemia de covid-19 sobre nuestro país hubo 2 Decretos que suspendía ejecuciones y desalojos e incluso paralizaba el valor de las cuota pero no la actualización. En Septiembre del año pasado el Decreto 767 estableció que los deudores hipotecarios poseen tiempo hasta julio de 2022 para reprogramar su deuda y que la diferencia por actualización se incorporaría como un nuevo plan que se pagará en conjunto con el original. Con este mecanismo estamos condenándolos a los deudores a la indigencia, cabe recordar que el Banco de la Nación Argentina ya judicializó casos siendo el primero para desalojar y rematar una propiedad familiar el de la familia Macaluso. Si bien hace una semana el estableció un acuerdo del Ministro Ferraresi con el BNA y el Banco Provincia por el cual se entregarán subsidios a quienes la cuota sea superior al 35% de sus ingresos y que pactó el mismo Ministro que salgan de ese esquema perverso únicamente a los hipotecados del Banco Hipotecario y los incorporen al nuevo sistema Hog.Ar no es suficiente.
Decimos que no es suficiente porque la solución debe incluir no solo a los hipotecados UVA sino a todos los deudores que tomaron este único tipo de créditos UVA, ya sea hipotecarios o prendarios o personales, porque no existe otra posibilidad en el sistema bancario; sino que es necesario una nueva Ley que SUSPENDA LA ACTUALIZACION de cuotas y capital hasta el 31 de julio de 2022 con cuotas fijadas al 31 de diciembre de 2020 y que el interregno de esas 2 fechas se tome a cuenta de la nueva reprogramación con la fecha establecida por el DNU 767/2020 lo mismo que la SUSPENSION DE DESALOJOS Y EJECUCIONES con el fin de darle a TODAS esas familias un poco de tranquilidad por 2 motivos: 1- las familias que los tomaron lo hicieron por la casa propia, un auto/camioneta (prendarios) o solucionar un tema puntual (personales) y suman casi 200.000 en todo el país; y 2- los bancos no se dedican a vender/rematar propiedades o autos/camionetas porque para eso están las inmobiliarias y concesionarias de autos.
Si entendemos esto vamos a tener una sociedad que empiece a ver soluciones a sus demandas, incluso cuando tenemos también que estar pendientes del tema de dar una salida a la pandemia.